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En tiempos donde la confianza en las instituciones es un recurso escaso, hay una columna vertebral que sostiene silenciosamente la estabilidad del país: la contabilidad financiera aplicada al sistema bancario y al sector de la economía popular y solidaria (EPS). Detrás de cada transacción bancaria, cada crédito aprobado o cada ahorro familiar depositado, existe una estructura técnica rigurosa que garantiza que las reglas se cumplan y los riesgos se controlen. La contabilidad no es solo una obligación legal, es un instrumento de justicia económica.

Mientras las instituciones financieras privadas operan con estructuras complejas, múltiples productos y estándares internacionales, las cooperativas y organizaciones comunitarias del sector EPS trabajan bajo esquemas más sencillos, pero igual de comprometidos con la transparencia. Y es allí donde el rol del contador se vuelve clave: interpretar, registrar y presentar información confiable para fortalecer la confianza del público.

El Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF), los catálogos únicos de cuentas y las normas de Basilea no son solo formalismos técnicos son escudos contra la opacidad, la improvisación y el abuso. En un país donde miles de ecuatorianos recurren a cooperativas para financiar sus emprendimientos o depositar sus ahorros, asegurar que estas entidades lleven una contabilidad clara, supervisada y profesional es una tarea de interés público.

No debemos subestimar el impacto del conocimiento contable en el bienestar colectivo. Una provisión mal calculada, un DPF mal registrado o una operación contingente ignorada puede traducirse en pérdidas, quiebras o incluso crisis de confianza.

Hoy más que nunca, cuando se discuten reformas económicas, inclusión financiera y desarrollo sostenible, urge reconocer que la contabilidad, lejos de ser un simple ejercicio de sumas y restas, es una disciplina estratégica. Y que en la economía popular, donde la solidaridad reemplaza al lucro como principio organizador, la transparencia contable es la mejor garantía de su legitimidad.

El país necesita contadores formados, vigilantes, comprometidos. Y también ciudadanos informados que comprendan que detrás de cada estado financiero bien elaborado hay un acto de responsabilidad cívica.

F: El Universo

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