El salvadoreño de 29 años, que fue deportado “por error” y del que una jueza ordenó el regreso a Maryland, espera su destino en la megacárcel Cecot después de que el Tribunal Supremo frenara la disposición judicial.
“¿Por qué está detenido?”, preguntó en una audiencia sobre la situación de Kilmar Abrego García el viernes pasado la jueza de distrito Paula Xinis al abogado del Departamento de Justicia. “No lo sé”, contestó el letrado Erez Reuveni. La sinceridad de la respuesta le ha costado el trabajo a Reuveni, justificó la orden judicial que decía que debía ser regresado a Estados Unidos y también condensa lo absurdo del caso de este obrero de 29 años atrapado en un limbo legal entre Donald Trump, Nayib Bukele y las pandillas salvadoreñas.
Abrego García fue deportado a su natal El Salvador en uno de los vuelos de mediados de marzo que llevaron a más de 200 venezolanos —supuestamente miembros de la pandilla El Tren de Aragua— y unas decenas de salvadoreños —supuestamente de las pandillas Mara Salvatrucha o Barrio 18— a la megacárcel de máxima seguridad construida por el presidente Bukele. La esposa del afectado, Jennifer Vásquez Sura, solo se enteró de ello cuando lo reconoció, rapado y esposado, en las imágenes del noticiero, que mostraban a los migrantes llegando al llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
La expulsión se hizo bajo el amparo de la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de 1798 que permite deportar personas en tiempos de guerra si se sospecha que hacen parte de una fuerza invasora. La aplicación de la ley había sido congelada por un juez, aunque su orden fue ignorada por la Administración de Trump, que continuó con las deportaciones bajo esta norma. Este lunes, un Tribunal Supremo dividido ha permitido oficialmente que se siga usando.
La situación de Abrego García tiene, además, varias complicaciones adicionales. “Aunque el fundamento jurídico de la expulsión masiva de cientos de personas a El Salvador sigue siendo inquietantemente confuso, el caso de Abrego García es categóricamente diferente: no había fundamento jurídico alguno para su arresto, detención o expulsión”, explica Xinis en el texto donde ordena el retorno antes de la medianoche del lunes al martes del hombre que fue deportado “por error”, como ha aceptado el Gobierno. Pero esa orden ya no tiene efecto, pues, en otra de sus decisiones del lunes, el Supremo la frenó temporalmente al aceptar el argumento de que la jueza estaba incurriendo en “diplomacia judicial”, pues no puede dictar al Estado cómo debe relacionarse con una nación extranjera. Además, el Gobierno ha dicho que está atado de manos porque el implicado ya no está en custodia estadounidense y no hay jurisdicción para obligar a El Salvador a devolverlo.
Todo esto ha sucedido en las últimas semanas, pero el periplo de Abrego García comenzó unos 15 años atrás, cuando todavía vivía en su país. Su madre tenía un puesto de pupusas en el que toda la familia echaba una mano. El negocio iba bien, pero un negocio próspero por esos tiempos en El Salvador era bendición y condena por partes iguales. La pandilla Barrio 18 se percató y comenzó a extorsionar a la madre: “O nos paga o nos llevamos a su hijo”, el hermano mayor de Kilmar. Pagaron y mandaron al chico al norte, a cruzar la frontera de Estados Unidos de manera ilegal para poner tierra de por medio a las garras de la pandilla. Pero los pandilleros no quedaron satisfechos y posaron los ojos sobre el siguiente hijo, Kilmar. La historia se repitió y entre 2011 y 2012 llegó como menor indocumentado a Maryland.
En 2016, Abrego García conoció a su esposa y se volvió el padre de sus dos hijos de una relación anterior. Tres años más tarde, de acuerdo con el relato judicial de Vásquez Sura, un día después de enterarse de que esperaban un hijo juntos, él se fue a buscar un trabajo de obrero por el día, como solía hacerlo, cuando llegó la policía y lo detuvo. Rechazó las acusaciones de los agentes de que él era un pandillero, pero nunca le creyeron y terminó en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Le negaron la libertad bajo fianza, pues se consideró inicialmente que había suficiente evidencia para demostrar que era un miembro de la pandilla MS-13 y, por lo tanto, un peligro para la sociedad. Mientras estuvo detenido, se casó a través de un espejo antibalas con Vásquez Sura. Más adelante, tras la lucha de sus abogados y la admisión del ICE, quedó registrado que la única verificación de su supuesta pertenencia a la pandilla era un formulario de una policía condal que lo justificaba porque “estaba usando una gorra de los Chicago Bulls y una sudadera; y un informante confidencial advirtió de que era un miembro activo del MS-13 en el clique Westerns”, un grupo que opera en Long Island, Nueva York. La evidencia, además de escasa, era inverosímil, porque Abrego García nunca había vivido en Long Island. Eventualmente, fue puesto en libertad con una orden de deportación y simultáneamente una prohibición a que fuese enviado a El Salvador, pues allí su vida corría peligro.
El 12 de marzo de este año un nuevo encuentro con agentes del ICE consumó el miedo latente que fue sembrado cuando estuvo erróneamente detenido en 2019. Estaba conduciendo a casa y su hijo de cinco años, que tiene autismo, estaba en el puesto de atrás cuando se detuvo en un control de carretera. Era un retén de migración. Vásquez Sura llegó al poco tiempo. Su estatus migratorio había cambiado, le dijeron. “‘Si tú eres fuerte, yo seré fuerte’ fueron sus últimas palabras cuando estaba esposado”, declaró en una rueda de prensa Vásquez Sura. “En un abrir y cerrar de ojos, nuestros tres hijos perdieron a su padre y yo perdí al amor de mi vida”.
En llamadas telefónicas desde los tres diferentes centros de detención por los que pasó Abrego García en apenas unos cuantos días, él le contó a su esposa como lo estaban cuestionando constantemente por sus supuestas conexiones con la pandilla MS-13, haciendo referencia a un restaurante al que la familia frecuentaba y a su pasatiempo de jugar al baloncesto. El 15 de marzo, desde una cárcel migratoria en Luisiana, llegó la última llamada. “Estaba asustado. Me dijo que iba a ser deportado a El Salvador”. No ha vuelto a hablar con él. Pero sí lo vio en aquellas imágenes que los Gobiernos estadounidense y salvadoreño compartieron con tanto orgullo.
Desde entonces, Vásquez Sura se ha asegurado de que los focos caigan sobre el caso de su marido. Primero, logró que el Gobierno admitiese su error, aunque se lavaran las manos al decir que una vez entregado a la custodia de otro país no hay nada más que se pueda hacer. Luego, la jueza Xinis ordenó su retorno, y este pasado fin de semana reiteró la orden tras la apelación de abogados del Departamento de Justicia.
Pero ha sido todo en vano. Abrego García sigue en un laberinto del que no parece que haya salida. Los oficiales estadounidenses, incluyendo al vicepresidente J. D. Vance, siguen sugiriendo que es pandillero, a pesar de las pruebas en contra y la admisión del error de la agencia migratoria. El Tribunal Supremo ha frenado la orden de su retorno. Legalmente, además, Estados Unidos no tiene jurisdicción, así que el siguiente capítulo oficialmente depende del Gobierno de Nayib Bukele, que tampoco tiene muchos incentivos para liberar a un preso de su megacárcel de máxima seguridad, que ha sido denunciada numerosas veces por violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo torturas y muertes.
Pero Vásquez Sura no pierde la esperanza. En declaraciones a NBC el domingo mantuvo la frente erguida. “Estoy luchando por él. Todos estamos luchando. Y los niños lo están esperando”.
