El juez impuso grillete electrónico a Aquiles Alvarez por presunta comercialización ilegal de combustibles en el caso Triple A.
El 9 de abril de 2025 se desarrolló la audiencia de vinculación del caso Triple A, que investiga una presunta red de comercialización ilegal de combustibles. La diligencia judicial, instalada en el Complejo Judicial del Norte en Quito, marcó un nuevo episodio en el proceso que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
Nuevos procesados y medidas cautelares dictadas por el juez contra Aquiles Alvarez en el caso Triple A
Durante la sesión, el fiscal Carlos Alarcón solicitó prisión preventiva para Alvarez, medida que generó reacciones inmediatas. El alcalde rechazó la solicitud y señaló que su presencia en la audiencia demuestra que no pretende evadir la justicia.
Desde su cuenta en la red social X, Alvarez cuestionó la solicitud de la Fiscalía y anunció que hará públicos los detalles del expediente. También indicó que el caso forma parte de una estrategia política para desviar la atención pública. Mencionó un video difundido por Verónica Sarauz, exesposa del fallecido candidato Fernando Villavicencio, que contiene acusaciones contra la fiscal Diana Salazar.
El alcalde atribuyó la causa penal en su contra a una supuesta campaña para desacreditarlo. Según su versión, no existen fundamentos para vincularlo al proceso.
Durante la audiencia, el fiscal Alarcón pidió la inclusión de 11 nuevos procesados, entre ellos el alcalde de Guayaquil. La lista incluye también a contadores y representantes de empresas que, según la investigación, habrían facilitado la operación irregular.
Alarcón aseguró que varias gasolineras vinculadas a estas firmas comercializaron combustible fuera del marco legal. El juez Renán Andrade dictó medidas alternativas y negó prisión preventiva para todos los implicados.
Las personas vinculadas deberán portar dispositivos electrónicos (grillete), presentarse periódicamente ante la justicia y no podrán salir del país. Alvarez se conectó a la audiencia por videoconferencia y se presentó sin abogado particular.
El juez impuso una multa a su defensor por no asistir e indicó que la defensa quedaría a cargo de la Defensoría Pública. La diligencia judicial fue suspendida brevemente para garantizar la presencia de abogados. Finalmente, el juez declaró instalada la audiencia y continuó con la vinculación de los nuevos procesados.
Gasolineras fronterizas, registros irregulares y vínculos empresariales
La Fiscalía expuso indicios sobre la forma en que operaban las estaciones de servicio afiliadas a empresas representadas por Aquiles Alvarez. Entre ellas, se identificó a Copedesa, que firmó convenios con gasolineras en zonas como Zamora Chinchipe, Loja y El Oro.
Se detectaron inconsistencias en los volúmenes de combustible entregados y las facturaciones registradas. La Estación Zambrano, por ejemplo, reportó una recepción de diésel premium que supera ampliamente su capacidad de almacenamiento.
En Loja, la Estación Espíndola registró ventas a clientes que cargaban gasolina y diésel en un mismo vehículo, lo que despertó alertas. Por su parte, la Estación Araújo en El Oro entregó grandes cantidades de diésel a empresas con restricciones para operar en el sector industrial.
Las autoridades sostienen que los convenios no fueron controlados adecuadamente por Copedesa. El fiscal argumenta que existió un incumplimiento de obligaciones legales, lo que facilitó la distribución irregular del combustible.
