El caso Ligados, que investiga un presunto delito de asociación ilícita, pasó el límite judicial y llegó a la Asamblea Nacional, epicentro del debate político.
El caso Ligados, que inició el 15 de marzo de 2025 con la formulación de cargos por parte de la Fiscalía en contra de los exvocales correístas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, por supuesta asociación ilícita, pasó el límite judicial y llegó a la Asamblea Nacional.
En medio de la precampaña de la segunda vuelta para las presidenciales del 13 de abril de 2025, los chats de los exvocales del Cpccs, ya son motivo de fiscalización en la Comisión de Seguridad.
Esta mesa del Legislativo está comandada por el movimiento gobiernista Acción Democrática Nacional (ADN), y las primeras declaraciones de sus asambleístas han puesto a la Revolución Ciudadana (RC) en tensión, relegada y sin respaldo político.
Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad, desacreditó a la Revolución Ciudadana
Inés Alarcón (ADN), presidenta de la Comisión de Seguridad, desacreditó a la Revolución Ciudadana y le señaló de haber convertido a la Asamblea Nacional en el patio trasero del correísmo.
Se refirió así, a la investigación iniciada por la Fiscalía que ha evidenciado la existencia de una trama por parte del correísmo, que “quiere tomarse por asalto el Estado y quitar del medio a todo aquel que le resulta incómodo. La presunta asociación ilícita gestionaba cargos públicos, tráfico de influencias e incluso en otro poder del Estado. Ahora se entiende el show del consejero Augusto Verduga de no querer entregar el celular en el allanamiento al Cpccs, en enero de 2025, y salir desesperadamente del país”, apuntó Alarcón.
Entre los integrantes de la Comisión de Seguridad no se descarta que uno de los comparecientes sea la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz (Revolución Ciudadana).
De darse ese caso, Veloz no estaría obligada a asistir porque en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) no se contempla la obligación de un presidente de la Asamblea a asistir al llamado de una comisión.
Fuentes legislativas explicaron que un presidente de la Asamblea tiene inmunidad, salvo que se hubiese abierto alguna acción disciplinaria dentro del Parlamento.
Rafael Dávila (Independiente), integrante de la Comisión de Seguridad, afirmó que la eventual convocatoria a Veloz sería para consultarle por qué demoró la posesión en el cargo del Superintendente de Bancos, Roberto Romero von Bouchwald.
Para Dávila, es “curioso” que la posesión del Superintendente se haya tardado tanto. Roberto Romero fue posesionado en diciembre de 2024 y fue posesionado el 27 de enero de 2025.
Precisamente,esa tardanza genera suspicacias en los detractores del correísmo.
En uno de los chats difundidos por la Fiscalía con información del teléfono de Verduga, dice: “Por eso es importante el respaldo de la Asamblea y que VV no posesione al otro (a Roberto Romero) si la Súper de Bancos, Luisa (González) gana y se seguirá lavando dinero en el sistema financiero; dinero del narco, es demasiado importante la Super de Bancos”.
Rafael Dávila consideró que este se constituye en un nuevo hecho que ha afectado al correísmo en la Asamblea; tanto su prestigio, como su imagen, opinó.
Cree que la investigación fiscal, los chats descubiertos de Augusto Verduga, los enlaces, las componendas que planificaba y la intromisión en la institucionalidad del Ecuador, debe afectar a la Revolución Ciudadana.
“La gente va a mirar con mayor claridad de qué tipo de candidatura estamos hablando; una candidatura con la que posiblemente buscarían impunidad”, expresó Dávila.
La imagen del correísmo también quedó venida a menos cuando se descubrió, por ejemplo, la participación de sus dirigentes en casos como Odebrecht, Singue, entre otros, recordó el asambleísta.
Autoridades de la Superintendencia de Bancos y del Cpccs comparecieron a la Comisión de Seguridad
En una primera comparecencia, desarrollada el 18 de marzo de 2025, los asambleístas de la Comisión de Seguridad pidieron a las autoridades de la Superintendencia de Bancos y del Cpccs que, en el ámbito de sus competencias, se informe todo lo concerniente a los chats de conocimiento público y el inicio de investigación a los exvocales, sobre presuntos delitos de lavado de activos provenientes del narcotráfico a través del sistema financiero, y presunto lavado de activos al financiamiento de la campaña electoral.
“La ciudadanía debe conocer de primera mano cómo se asociaron para delinquir, gestionar cargos públicos”, afirmó Inés Alarcón.
Blasco Luna (RC), ha sido hasta el momento, uno de los primeros en pronunciarse sobre el caso.
Señaló que, según versiones de algunos representantes de medios de comunicación, la cadena de custodia de los teléfonos habría sido afectada porque se presume que los celulares primero habrían sido llevados a Carondelet y luego a la Fiscalía, dijo. (SC)
Silencio en la Comisión de Fiscalización
Tras el escándalo de los chats, y luego del 15 de marzo de 2025 cuando se produjo la formulación de cargos para los exconsejeros del Cpccs, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea no ha emitido ningún criterio. La última publicación en las redes sociales de esta mesa legislativa se registró el 18 de marzo con un post relacionado al campo Sacha.
Días antes, el 13 de marzo, se publicó un boletín que señala que “ante la reciente información que circula en varios medios de comunicación, que recogen una presunta investigación de Fiscalía que, una vez más en campaña política, atribuyen al exconsejero Augusto Verduga, la autoría del informe de sustanciación del juicio político en contra del entonces consejero del Cpccs, Juan Esteban Guarderas, censurado y destituido por el Pleno de la Asamblea Nacional, rechazamos y desmentimos enérgicamente tales mentiras”.
F: imagen – La Hora
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