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El caso Ligados sigue sacando a la luz información que pone en evidencia que el objetivo del correísmo en el Cpccs era controlar los poderes del Estado.

Casi ha transcurrido una semana desde que la fiscalía general del Estado (FGE) inició la investigación en el caso Ligados y sigue saliendo información que pone en evidencia que el objetivo del correísmo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) era mantener, recuperar y consolidar una mayoría y acaparar los poderes del Estado.

El control de la Justicia habría sido uno de los mayores objetivos de la facción correísta, según lo que se desprende de los diálogos hallados en el teléfono celular del exvocal Augusto Verduga. Dichos aparatos fueron incautados por la Fiscalía en un allanamiento realizado en enero de 2025 y hoy forman parte de los elementos de la indagación.

Los procesos de designación de autoridades de la Función Judicial habrían estado en la mira de los vocales del correísmo. Esto tiene varios antecedentes. Además, eventualmente ciertos concursos podrían verse deslegitimados por las decisiones y las mayorías móviles que conformó el correísmo en el Consejo para lograr su objetivo. Sin embargo, a criterio del abogado Paúl Cordova, del Colegio de Abogados de Pichincha, la designación de autoridades es parte de una corresponsabilidad de las funciones del Estado encargadas de enviar las ternas para los nombramientos.

1 Uno de ellos fue un enredado proceso que se produjo en el Cpccs, en julio de 2024, cuando se designó al vocal principal del Consejo de la Judicatura.

2 El 8 de julio de 2024, Dunia Martínez fue designada como vocal principal del CJ para presidir el organismo. Esto se hizo con los votos de la entonces vocal Mishell Calvache, el actual vocal Gonzalo Albán y el voto dirimente de Andrés Fanton

3 De esa votación se habían abstenido, el entonces vocal Juan Esteban Guarderas, Johanna Verdezoto y Yadira Saltos, hoy incluida en la investigación Fiscal.

4 Solo dos días después de la designación de Dunia Martínez, (el 10 de julio), el correísmo logró armar una nueva mayoría para reconsiderar la votación, y dejar sin efecto ese nombramiento. En su lugar designó a Mario Godoy.

5 En el  proceso que contribuyó con el nombramiento de Mario Godoy,  también intervino la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional controlada por el correísmo, que convocó a Andrés Fantoni y Mishell Calvache, a quienes se les pidió que se retome la votación.

6 Aquella mayoría en el Cpccs estaba integrada por Augusto Verduga, Yadira Saltos,  Nicole Bonifaz (procesados por asociación ilícita) y Johanna Verdezoto. En enero de 2025, esta última, fue destituida de la vicepresidencia del Cpccs por los mismos consejeros con los que actuó para desconocer el nombramiento de Dunia Martínez.

7 Según los chats difundidos por Fiscalía, otro objetivo era que Luisa González (de ganar la Presidencia de la República, en las elecciones del 13 de abril de 2025) sea quien envíe la terna para el delegado del Ejecutivo en la Judicatura. La futura conformación del Consejo de la Judicatura será para seis años (hasta 2031).

La designación del nuevo Fiscal como parte de un concurso en el Cpccs

Otra aspiración del correísmo fue designar a un nuevo fiscal que reemplace en funciones a Diana Salazar, quien pronto culminará su periodo de seis años en esta función.

Entre los chats difundidos por la Fiscalía se corrobora la tesis. Augusto Verduga defiende la posición asumida desde cuando ejercían el cargo para acelerar los procedimientos para la designación de la nueva autoridad.

Sin embargo, en el ejercicio de su vocalía también reconocían que podrían generarse demoras por varias razones: la conformación de las comisiones ciudadanas de selección, para cuya integración también se requiere de un concurso del que son electos representantes de las funciones del Estado y que son los encargados de llevar adelante el concurso, y la eventualidad de que, como parte del concurso, se deban resolver, en el ámbito judicial, posibles acciones de protección

 

F: imagen – La Hora

 

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