El contralor y presidente de la Función de Transparencia, Mauricio Torres, envía solicitud al Ejecutivo sobre posible conflicto de intereses de Fernando Yávar, delegado para la renovación parcial de la Corte Constitucional.
El contralor y presidente de la Función de Transparencia, Mauricio Torres, advirtió al primer Mandatario, Daniel Noboa, sobre posible conflicto de intereses de Fernando Yávar, integrante de la Comisión calificadora para la renovación parcial de los jueces de la Corte Constitucional.
Torres acogió unas observaciones remitidas por varios ciudadanos, quienes señalan que Yávar fue abogado particular de Noboa e incluso patrocina una querella por calumnias en contra de la asambleísta correísta Mónica Palacios, luego de formar parte del equipo jurídico de la ministra del Interior, Mónica Palencia, en el juicio político que enfrentó en la Asamblea.
Los abogados y profesores Holger Córdova, Amilcar Barahona, Marcelo Guerra, María Paulina Sarmiento, entre otros, pidieron a Torres que, “en ejercicio de sus competencias como la autoridad que posesionó a los miembros de la comisión calificadora, solicite la excusa inmediata del comisionado Yávar por contravenir las inhabilidades e incompatibilidades exigidas por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional».
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Torres, con fecha 7 de noviembre, remitió este pedido a la Presidencia de la República “para el trámite que en ejercicio de sus atribuciones y competencias corresponda”.
El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Córdova, quien divulgó los oficios este lunes, 11 de noviembre, en redes sociales, señaló que esta “es la oportunidad de que la Función Ejecutiva pida la excusa de Yávar y lo reemplace por los motivos jurídicos sustentados”.
«Es la única manera de que el concurso de renovación parcial de la Corte Constitucional recupere legitimidad, transparencia y seguridad jurídica. Si es que la Función Ejecutiva no rectifica con su delegado en la Comisión, ese concurso ya estaría deslegitimado y sería otra deriva autoritaria», anotó.
La normativa establece que los comisionados deben actuar con independencia de las autoridades nominadoras, y que no pueden ejercer otros cargos.
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