A la Corte Constitucional se movilizará este jueves una delegación de la comunidad Waorani (Pastaza) para demandar, antes de su renovación parcial, la resolución de una sentencia que está pendiente desde 2020 que garantizaría el derecho a la consulta previa para la protección de la Amazonía frente a actividades extractivas. Los jueces también deben pronunciarse sobre las demandas al aumento del IVA.
La Corte Constitucional (CC) está a pocos meses de una renovación parcial, y en agenda tiene pendiente varios temas a resolver.
Para este jueves, 7 de noviembre a las 10:00, está previsto que representantes de la comunidad Waorani de Pastaza se movilicen a la sede de la Corte para demandar, antes de su renovación parcial, que resuelva sobre una sentencia pendiente de cumplimiento desde 2020 y que garantizará el derecho a la consulta previa, libre e informada para la protección en la Amazonía.
Desde entonces, las comunidades han presentado cinco solicitudes para que la Corte priorice el caso, y dicte medidas cautelares para la protección de más de 180.000 hectáreas de bosque, frente a la cercanía de la XI Ronda de Licitación Petrolera Suroriental.
Silvana Nihua, presidenta de la Organización Waorani de Pastaza, dijo que la causa de las comunidades Waorani fue seleccionada en 2020 como un caso emblemático para establecer jurisprudencia en materia de consulta libre e informado de los pueblos indígenas. «La falta de un fallo definitivo se torna crítica para las comunidades Waorani, cuyo territorio de más de 180.000 hectáreas en la Amazonía está en peligro por proyectos de explotación petrolera». En la provincia de Pastaza, el 80% del territorio es indígena y alberga algunos de los bosques mejor conservados de Ecuador.
Reforma para que el Estado deje de financiar propaganda electoral de organizaciones políticas
Desde el 20 de septiembre de 2024 está en análisis de la Corte un proyecto de reforma parcial a la Constitución, de iniciativa del presidente de la República, Daniel Noboa, para que el Estado deje de financiar la propaganda electoral de las organizaciones políticas.
Si esto es aprobado, la reforma no se aplicará en las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 9 de febrero de 2025.
Según el Gobierno, el objetivo de la propuesta es evitar “el mal uso de los recursos públicos que son otorgados a los candidatos y que históricamente no han sido debidamente justificados ni transparentados”. Se plantea además que esos fondos sean destinados a salud, educación y seguridad.
Demandas de inconstitucionalidad al aumento del IVA
Desde mayo de 2024, a la Corte ingresaron varias demandas de inconstitucionalidad en contra la Ley Tributaria de “Conflicto Armado Interno” es decir, contra la ley que, entre otros temas, subió el IVA del 12% al 15%. Una de las demandas fue planteada por la Cámara de Comercio de Guayaquil.
Geovanny Atarihuana (Unidad Popular), que también presentó a mediados de marzo un recurso por inconstitucionalidad, cuestionó la falta de celeridad de la Corte. “A pesar de que la Corte admitió a trámite nuestra demanda, y se unificaron todas las causas, la Corte no ha convocado a audiencias”, indicó.
Comisión calificadora abrirá la fase de impugnación ciudadana
Tentativamente, en la semana del 15 de noviembre de 2024, la Comisión Calificadora para la renovación parcial de la Corte Constitucional (CC), proyecta abrir la fase de impugnación ciudadana de las ternas de candidatos propuestos por las funciones Ejecutiva, Legislativa, y de Transparencia y Control Social, que aspiran a ocupar una las tres vacantes que se producirá en este organismo de control a inicios de 2025
Desde entonces se habilitará un término de quince días para que la ciudadanía o cualquier organización de la sociedad civil pueda presentar impugnaciones a los postulantes.
Laura Flores, integrante de la Comisión Calificadora, aclaró que, de presentarse impugnaciones, estas deberán estar fundamentadas con las razones de presunta falta de transparencia o probidad y por lo cual no podrían ser integrantes de la Corte.
Los candidatos eventualmente impugnados serán notificados, y la Comisión señalará día y hora para una audiencia pública (donde los aspirantes podrán ejercer su derecho a la defensa).
Candidatos de la Asamblea Nacional:
Angélica Porras Velasco: encabeza la terna. Fue elegida con los votos de la Revolución Ciudadana, el PSC y un sector de independientes, tras una moción planteada por la legisladora Pierina Correa, hermana del expresidente Rafael Correa, actualmente prófugo de la justicia. Angélica Porras también fue vocal del Consejo de la Judicatura de transición en 2018, abogada del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, sentenciado por abuso sexual. Porras y la esposa de Carrión, Priscila Schettini, fueron sentenciadas por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por violencia política de género en contra de la fiscal Diana Salazar. La sanción está apelada en el TCE.
José Luis Terán Suárez: se ha desempeñado como decano de la Facultad de Jurisprudencia Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador. Fue juez de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Sala de la Corte Nacional de Justicia 2015-2019.
Gladis Proaño Reyes: ha sido profesora universitaria en Ecuadory Perú. Fue conjueza de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Participó en el proceso de selección de juezas y jueces anticorrupción y delincuencia transnacional organizada por el Consejo de la Judicatura; para la selección de 300 jueces de primer nivel de Ecuador, y para la selección de fiscales de Ecuador.
Candidatos de la Presidencia de la República:
Claudia Salgado Levy: Abogada, con especialización en temas internacionales. Tiene una maestría en Derecho Tributario y otra en solución de controversias, además de un doctorado en Derecho Internacional. Ha trabajado en la Cancillería, la Procuraduría y en la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas.
Gastón Ríos Morante: Es abogado por la Universidad de Los Andes en el 2002 y se desempeña en el libre ejercicio; fue asesor del Consejo de Participación Ciudadana en el 2012 y también exasesor de la exjueza de la Corte Constitucional Tatiana Ordeñana, entre el 2012 y 2014. Ocupa el puesto 16 en el concurso para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE). Magíster en Administración de Empresas, con un diploma superior en tributación y una especialización en compras públicas.
Pamela Aguirre Castro: Abogada, tiene maestrías en Argumentación Jurídica, Derechos Humanos y Derecho Tributario, además de un doctorado en Derecho. Dirigió la Secretaría Técnica Jurisdiccional de la Corte Constitucional hasta 2018 en el periodo dirigido por Patricio Pazmiño y que fue cesada por el Consejo de Participación Transitorio de Julio César Trujillo.
Candidatos de la Función de Transparencia y Control Social:
Jorge Benavides Ordóñez: Abogado, con un doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla (España), Decano de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del IAEN. Exviceministro del Trabajo entre 2021 y 2023.
Sandra Cordero Gárate: Abogada, con una maestría en Derecho Constitucional, Derecho de Familia. Jueza provincial de la Sala de la Familia de la Corte Provincial del Azuay, jueza elegible de la Corte Nacional de Justicia, mediadora para la solución de conflictos.
Edwin Armando Aceldo: Abogado, tiene una maestría en Ciencias Jurídicas y un doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza. Fue asesor de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, y juez de lo Civil de Pichincha.
Notificación a los candidatos a jueces de la Corte Constitucional
En una sesión virtual que mantuvo la Comisión Calificadora la noche del 30 de octubre, se revisaron las carpetas y los requisitos de forma como se establece en el artículo 14 del Reglamento del Concurso, entre otros, que no incurran en inhabilidades y verificar que hayan adjuntado los respaldos correspondientes en cumplimiento a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La sesión de 30 fue suspendida porque los expedientes son voluminosos.
Laura Flores informó, que una vez que concluya la revisión de la documentación, se notificará a candidatos para que complete los requerimientos.
La Comisionada dijo que, de acuerdo con la revisión de los expedientes, se verificó que hay casos de candidatos que entregaron las carpetas con documentos incompletos. Por ejemplo, solo enlistaron sus títulos y estudios, pero no hay documentos de respaldo.
Flores prefirió no adelantar los casos de los postulantes que no presentaron toda la documentación de respaldado hasta que los aspirantes sean notificados
Cuando sean notificados, tendrán dos días término (días hábiles) desde la notificación para que completen el expediente. Si no lo hacen dentro del plazo otorgado, quedarán fuera del concurso, como lo dispone el Reglamento.
Luego la Comisión presentará una lista con los nombres de las personas que pasarán a la siguiente fase: de impugnación.
Hasta abril del 2025 se planea reemplazar a tres de los nueve puestos de la Corte Constitucional, al realizarse renovaciones de un tercio de los jueces cada tres años.
Las designaciones efectuadas por las tres funciones del Estado se dieron en respuesta al oficio remitido por el presidente de la Comisión Calificadora para la renovación parcial de la Corte Constitucional del Ecuador, Juan Izquierdo, quien solicitó a las primeras autoridades de las Funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y Control Social, que presenten cada una de ellas a tres candidatos alternados de fuera de su seno.
La designación de los postulantes tiene relación con artículo 432 de la Constitución, en donde se establece que la CC estará integrada por nueve miembros que ejercerán sus funciones en plenario y en salas de acuerdo con la ley. Desempeñarán sus cargos por un periodo de nueve años, sin reelección inmediata y serán renovados por tercios cada tres años.
Los candidatos a la Corte Constitucional deben cumplir estos requisitos:
Ser ecuatoriano y encontrarse en ejercicio de sus derechos políticos.
Tener título de tercer nivel en Derecho legalmente reconocido en el país.
Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por un lapso mínimo de diez años.
Demostrar probidad y ética.
No pertenecer ni haber pertenecido en los últimos diez años a la directiva de ningún partido o movimiento político. (SC)
F: LA HORA
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