Evo Morales, expresidente de Bolivía, en una rueda de prensa.
Al menos seis personas fueron reportadas detenidas en Bolivia este lunes, 14 de octubre de 2024, durante el primer día de bloqueos de carreteras por campesinos que protestan para evitar la probable detención de su líder, el exmandatario Evo Morales.
Los incidentes se reportaron en el poblado de Parotani, en la vital vía que une las ciudades de La Paz y Cochabamba (centro), donde labriegos intentaron instalar un corte de rutas.
«Sí, esa es la cifra que se tiene hasta el momento en Parotani», señaló un vocero de la policía, consultado por la AFP sobre la versión de medios que mencionaron seis detenidos.
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Acotó que Parotani «es el punto de bloqueo con más conflicto», mientras permanece la medida de protesta en otras dos vías que unen Cochabamba con Santa Cruz (este) y Cochabamba con Sucre (sureste).
Desde la mañana del lunes, los afines a Morales bloquearon la ruta y se enfrentaron con piedras a la policía, que los dispersó con gases lacrimógenos.
Al frente de los bloqueos está el Pacto de Unidad, una junta de organizaciones sindicales afines al exmandatario de 64 años, que se movilizó «para resguardar la libertad, integridad y (evitar) el secuestro» de Morales, según anunció en un manifiesto.
Morales, el primer indígena que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, está siendo investigado por los delitos penales de «estupro, trata y tráfico de personas
El jueves incumplió una citación de la fiscalía del departamento Tarija para que diera su declaración, con lo que la autoridad podría ordenar su aprehensión.
Convertido en el mayor opositor del gobierno de su exministro Luis Arce, el expresidente tilda el caso como una «mentira más» que ya investigó y archivó la justicia en 2020, sin que según él hallara nada en su contra.
Gobierno traidor
El presunto abuso se remonta a la época en que el líder cocalero era presidente, en 2015. Morales se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija en 2016, según la denuncia que indaga el ministerio público.
Los hechos habrían ocurrido en Tarija, un departamento al sur de Bolivia.
Según el expediente, los padres de la víctima -también investigados- la inscribieron en la «guardia juvenil» de Morales «con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (…) a cambio de su hija menor».
La defensa del expresidente alega que el caso ya fue revisado y archivado en 2020.
En su manifiesto, los seguidores del Morales arremetieron contra Arce, otrora afín a Morales y con el que ahora mantiene una pugna por la candidatura oficialista para las presidenciales de 2025.
«El gobierno traidor (…) no respondió nuestro pliego petitorio, ni tuvo la voluntad de convocar al diálogo, sobre el abastecimiento de combustible, la escasez de dólares, el alza de la canasta familiar, el grave endeudamiento interno y externo», entre otras actividades que afectan la economía, señaló el Pacto de Unidad.
Ante el inicio de los bloqueos, la ministra de la presidencia, María Nela Prada, convocó a Morales a un diálogo con Arce para tratar la crisis económica, pese a que el líder indígena ha rechazado varias veces la invitación.
Por su parte, Santos afirmó que la convocatoria para dialogar no debería haber sido hecha al exmandatario, sino al Pacto de Unidad, que decidió salir a las carreteras.
«Si quieres diálogo, hagamos diálogo en punto de bloqueo, donde tú quieras», dijo el portavoz en su aparición ante los medios en la ciudad de Santa Cruz.
Bajo reserva
Este lunes la fiscal a cargo de la investigación, Sandra Gutiérrez, se abstuvo de responder a los periodistas si pedirá la detención de Morales.
«Por estrategia investigativa, vamos a evitar dar mayores detalles sobre este caso», comentó.
A su vez, la Fiscalía General de Bolivia pidió al fiscal departamental de La Paz, William Alave, que revise y considere activar la alerta migratoria contra el expresidente Evo Morales por seis casos de posible corrupción que supuestamente «quedaron impunes», informó este lunes uno de los denunciantes.
Otras denuncias
El exdiputado opositor Amilcar Barral dijo a EFE que, junto a la también exparlamentaria Yesenia Yarhui, presentó ante el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, una solicitud para que se active la alerta migratoria y que se abra una investigación contra Morales en seis casos.
«Solicitamos de manera urgente la activación de alerta migratoria contra el ciudadano Evo Morales con el objetivo de evitar su posible fuga y asegurar su comparecencia ante las autoridades judiciales», dice la nota enviada el 9 de octubre.
Además, agrega que «es fundamental que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre varios casos que han quedado impunes».
Los exdiputados explican en su nota que los seis casos en los que piden que se procese al exmandatario son los contratos adjudicados de manera ilegal a la empresa china CAMC (2016), la presunta malversación de fondos destinados a proyectos indígenas (2015) y la «sobrevaloración» en la adquisición de barcazas chinas (2012).
A esos se suman las supuestas irregularidades en proyectos de infraestructura a través de una constructora del Ejército, la adjudicación posiblemente ilegal de contratos en la petrolera estatal YPFB (2009) y los contratos «irregulares» con pérdidas millonarias con una empresa de servicio de alimentos para la línea aérea estatal Boa.
Barral comentó que Morales «ni siquiera llegó a declarar en esos casos».
En el marco de la primera jornada de protesta, Morales volvió a acusar al gobierno de Arce de reactivar el proceso judicial para meterlo preso o incluso matarlo para impedirle que sea candidato presidencial en 2025.
«Pretenden inhabilitarnos a través de procesos judiciales. Y, finalmente, promover tal nivel de violencia legitimada que resulte en episodios como el atentado» fallido contra la expresidenta de Argentina Cristina Fernández en 2022, escribió el exgobernante en X.
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