La Fiscalía pidió estas medidas cautelares debido a que, según Diana Salazar, no habría riesgo de fuga de los imputados.
El juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Marco Rodríguez dictó prohibición de salida del país, el uso de grillete electrónico y la presentación periódica ante una autoridad judicial para la exasambleísta Bella Jiménez por un presunto delito de concusión. La decisión se tomó la noche de este martes, 8 de octubre, durante la audiencia de formulación de cargos en contra de la exlegisladora y otras tres personas más.
Ellas fueron detenidas en un operativo liderado por la Fiscalía, en Guayaquil, en horas de la mañana. La audiencia en contra de los cuatro detenidos se instaló a las 22:35 y se extendió hasta las 01:06 de este miércoles, 9 de octubre. En la diligencia estuvo presente de forma telemática la fiscal general, Diana Salazar, quien comenzó la diligencia sustentando la acusación en contra de los sospechosos.
La funcionaria indicó que esta investigación empezó en abril de 2021 cuando la señora Bella Jiménez ya gozaba del cargo de asambleísta. Por eso señaló que la diligencia se realizaba en la CNJ, pues ahí la exlegisladora tendría fuero. Según la investigación fiscal, la exasambleísta, a través de familiares como su hijo y su hermano, solicitó $ 3.000 y $ 2.500 a dos personas para otorgarles los puestos de asesor 2 y asistente 1 en la Asamblea Nacional.
La fiscal Salazar presentó los cheques y las transferencias que las personas habrían entregado a la exasambleísta y a sus familiares. Para corroborar la negociación, la fiscal develó los oficios que habría gestionado la exlegisladora para pedir a la Asamblea Nacional la vinculación de las dos personas como parte de su equipo personal.
Por estos motivos, la titular de la Fiscalía solicitó al juez Rodríguez que formule cargos en contra de los sospechosos y pidió que para garantizar su comparecencia en el proceso se les ordene la prohibición de salida del país y el uso de un grillete electrónico. Además solicitó la retención de las cuentas bancarias por un valor de $ 5.000 y la prohibición de enajenar bienes por $ 20.000.
La Fiscalía pidió estas medidas cautelares debido a que, según Salazar, no habría riesgo de fuga de los imputados.
Los abogados defensores de la exasambleísta estuvieron de acuerdo con la petición de la Fiscalía y solicitaron que las presentaciones periódicas se realicen ante autoridades judiciales en Guayaquil. Por otro lado, los abogados de los otros procesados pidieron que no se les imponga el grillete electrónico.
Al final de la diligencia, el juez Rodríguez aceptó la solicitud de la Fiscalía e impuso las medidas cautelares antes mencionadas. La instrucción fiscal de este caso se extenderá por 90 días.
F: EL UNIVERSO
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