La Comisión de Fiscalización en una sesión del 15 de agosto de 2024, previo al inicio del receso legislativo.
La Comisión tiene previsto reunirse el sábado 7 de septiembre para tratar el tema. En la cita no está previsto calificar el juicio político a Diana Salazar.
Pese a que tienen otros temas pendientes, los juicios politicos copan la agenda de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, y cuya presidenta es la correísta Pamela Aguirre.
Es así, que los integrantes de la comisión fueron llamados, en modalidad virtual, este sábado 7 de septiembre. El objetivo es «conocer y analizar» la sentencia del juez de la Unidad Judicial de Quitumbe, Édgar Romero Salazar.
El pasado 22 de agosto, Romero falló a favor de la asambleísta de gobierno, Inés Alarcón, que interpuso una acción de protección pidiendo que se levante el archivo de tres juicios políticos a exfuncionarios de Guillermo Lasso.
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Específicamente son los procesos contra el exministro de Finanzas, Pablo Arosemena; el exsecretario de la Administración, Sebastián Corral; y la extitular de la Secretaría de Educación Superior, Andrea Montalvo.
Además, el juez dispuso que se suspenda el juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia, que ya se estaba en curso, para que se resuelvan los procesos de fiscalización a los tres exfuncionarios.
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Esos dos temas deberán analizar y, eventualmente, resolver los integrantes de la comisión, en la que el correísmo tiene el manejo, aunque no los votos asegurados para contar siempre con una mayoría.
Resta aún saber cuándo Aguirre hará la convocatoria para calificar y unificar los dos juicios políticos planteados por la bancada de la Revolución Ciudadana en contra de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar.
Juez impone multa
El juez Édgar Romero impuso este 6 de septiembre una multa progresiva a los integrantes de la Comisión de Fiscalización por no haber acatado la sentencia del 22 de agosto.
Esto, al considerar que la respuesta que emitió la presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, sobre el cumplimiento de la sentencia era «ambigua» y no menciona las acciones ejecutadas para la sustanciación de los juicios políticos de los exfuncionarios.
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Por lo tanto, «se impone multa compulsiva y progresiva diaria equivalente al cincuenta por cien de una remuneración básica unificada del trabajador en general, multa, que se incrementará en caso de incumplimiento por cada día de retraso sin superar los límites establecidos por la ley», se lee en el auto emitido a las 09:21 de este viernes.
Esta multa podrá ser reajustada o dejada sin efecto si se considera que la desobediencia ha tenido o tiene justificación o si se cumple tan como dispuso el juez.
F:PRIMICIAS.
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