Esquema de extorsión asfixia a contratistas en Guayaquil: Bandas criminales exigen hasta USD 8.000 al mes.
Ingenieros y compañías contratistas de obras públicas revelan que bandas criminales exigen pagos e incluso cuotas de empleados para permitir el desarrollo de proyectos. El Municipio de Guayaquil deslinda responsabilidad y llama a las empresas a acudir a la Policía y a la Fiscalía.
Ingenieros y compañías contratistas de obras públicas revelan que bandas criminales exigen pagos e incluso cuotas de empleados para permitir el desarrollo de proyectos. El Municipio de Guayaquil deslinda responsabilidad y llama a las empresas a acudir a la Policía y a la Fiscalía.
El Municipio de Guayaquil informó que está trabajando con recursos y personal propio en la pavimentación de la Sergio Toral II, al noroeste de la ciudad, en una zona afectada por la extorsión.
Ingenieros y compañías contratistas de obras públicas en Guayaquil denuncian la existencia de un esquema de extorsión que los está obligando a pagar entre USD 4.000 y USD 8.000 mensuales a grupos mafiosos que controlan las zonas donde se desarrollan los proyectos.
El problema afecta a decenas de procesos de contratación, ya no solo en zonas deprimidas donde la violencia cobra más fuerza, sino que se ha comenzado a generalizar en toda la ciudad, según múltiples reportes recabados por el Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas.
La situación es particularmente grave en zonas del sur y del noroeste de Guayaquil, como en el distrito Nueva Prosperina, donde la extorsión afecta a toda actividad.
Dos ingenieros civiles asesinados por una retaliación criminal en el noreste de Guayaquil.
Las mafias imponen incluso trabajadores a los proyectos, inflando los costos destinados a cubrir los pagos ilegales. Y estos niveles de inseguridad también impactan en los plazos de ejecución.
Ante esta situación, las empresas están desistiendo de participar en licitaciones en puntos críticos, lo que pone en riesgo la construcción de proyectos en barrios necesitados.
De hecho, un concurso para reconstruir una cancha deportiva en la cooperativa Sergio Toral 2 (al noroeste, en Nueva Prosperina), que se preveía adjudicar hasta inicios de agosto pasado, se declaró desierto.
Se trataba de una obra con un presupuesto referencial de USD 246.942 (sin IVA). Y es que los pagos extorsivos por un contrato de ese monto pueden alcanzar hasta USD 40.000 en los cinco meses (150 días) de ejecución, un desembolso del 16% del presupuesto.
Además, las compañías constructoras evalúan el costo-beneficio de mantener por tanto tiempo a los ejecutivos de obras y a los obreros de campo en un estado de constante tensión e inseguridad, según le contó a PRIMICIAS el representante de una empresa afectada.
“Un lavado de manos”
Consultado por estas denuncias, el Municipio de Guayaquil reconoció tácitamente el problema, que inició en 2022 en medio de la crisis de inseguridad, pero subrayó que las compañías constructoras están obligadas a cumplir con las cláusulas del contrato.
“La suspensión de los trabajos por motivo de seguridad no está contemplada dentro de estas cláusulas, ni tampoco el pago de extorsiones”, apuntaron desde la municipalidad y llaman a las empresas a acudir ante la Policía Nacional y a la Fiscalía.
F:PRIMICIAS
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