La Comisión de Fiscalización de la Asamblea se reunirá para calificar y unificar los juicios políticos planteados contra la fiscal Diana Salazar.
Después de que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolvió reactivar el juicio político contra la fiscal del Estado, Diana Salazar, la expectativa, este 5 de septiembre, es cuándo se reunirá la Comisión de Fiscalización para empezar a tratar el tema.
«Entiendo que será en los próximos días», dijo el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Héctor Valladares, quien presentó la segunda solicitud de juicio en contra de Diana Salazar y que también superó el filtro del CAL.
La Comisión de Fiscalización, una vez que se reúna, deberá calificar los pedidos de Gissella Garzón, también de la RC, y de Valladares. La mesa unificará los dos procesos como autorizó el CAL, y procederá a la notificación.
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Una vez notificados, se inicia un plazo de 15 días para que Salazar y los legisladores interpelantes presenten las pruebas de descargo y de cargo, respectivamente. Luego se abrirá la fase de práctica de pruebas.
Extraoficialmente, se pudo conocer que la reunión de la Comisión de Fiscalización para la calificación y unificación del juicios se dará, a más tardar, hasta el lunes 9 de septiembre.
Acusaciones del correísmo
Los dos pedidos de juicio político suman siete causales contra la fiscal. La solicitud de Gissella Garzón fue presentada en noviembre de 2023 y las acusaciones son:
Retrasos en el procesamiento de casos como León de Troya, Encuentro, INA Papers.
Irregularidades en el proceso penal contra el exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión.
Demora en las investigaciones por supuestas violaciones a los derechos humanos a raíz de las protestas de octubre de 2019.
Poca acción para prevenir asesinatos a fiscales y una mala administración de la fiscalía.
Garzón adelantó este 5 de septiembre que, entre los testigos que convocará, estará el teniente de Policía, Rodney Rengel, quien fue uno de los agentes que investigó el denominado caso León de Troya que Fiscalía rebautizó como Encuentro.
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También, serían llamados algunos actores sociales y políticos que tuvieron participación en las protestas indígenas de octubre de 2019, durante el Gobierno de Lenín Moreno.
Garzón hizo una aclaración: «Yo no incluyo en mi proceso nada que tenga que ver con los últimos acontecimientos o investigaciones que están en manos de la justicia».
De eso se encargará su coideario Valladares que, entre las acusaciones a la fiscal, incluyó «la posible fuga de información clasificada en los chats que se han hecho públicos en conversaciones con el exlegislador Ronny Aleaga».
Según el interpelante, su equipo de asesores está analizando si es necesario y conveniente convocar a Aleaga, que está prófugo de la justicia y es investigado en el caso Metástasis, para que rinda su versión en el juicio político a Salazar.
«No descartamos esa posibilidad. Si fuera necesario lo haríamos, pero ahora no puedo asegurarlo».
Héctor Valladares, asambleísta de Revolución Ciudadana
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