El Consejo de Administración Legislativa se reúne la tarde de este 4 de septiembre para tratar el juicio a la fiscal Diana Salazar. Los dos pedidos serán enviados a la Comisión de Fiscalización.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) se alista para reactivar y con prisa, la tarde de este 4 de septiembre, el juicio político en contra de la fiscal General del Estado, Diana Salazar.
Sin demoras, esta instancia de la Asamblea se reunió la mañana de este miércoles para conocer el segundo pedido de juicio ingresado por el asambleísta Héctor Valladares, de la Revolución Ciudadana.
El documento fue enviado a la Unidad Técnica Legislativa (UTL) para que revise si la solicitud de Valladares cumple con los requisitos y esta misma tarde habrá un informe para tomar decisiones.
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El asambleísta Jorge Acaiturri, integrante del Partido Social Cristiano (PSC) y del CAL, dijo que la idea es enviar el pedido de Gissela Garzón, como el de Valladares, a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea y que ahí sean unificados.
«Vamos a hacer caso al pedido de la Fiscal de que juicio se reactive y se enviará a la Comisión de Fiscalización».
Jorge Acaiturri, asambleísta
El 19 de agosto pasado, la fiscal Salazar solicitó a la Asamblea que se reactive la fiscalización en su contra, que había quedado suspendida porque notificó que atravesaba un embarazo de riesgo.
Orden de juicios políticos
Según Acaiturri, al estar suspendido el juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, por una decisión de un juez de la Unidad Judicial de Quitumbe, debería continuar el de Salazar, que estaba antes en el orden de prelación.
El juez Édgar Romero dispuso que se reactiven los juicios políticos al exministro de Finanzas, Pablo Arosemena; el exsecretario de la Administración, Sebastián Corral; y la extitular de la Secretaría de Educación Superior, Andrea Montalvo. Todos son exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso.
Sobre esto, el legislador socialcristiano dijo que hay que esperar el pronunciamiento de la Corte Constitucional, ante el pedido del seguimiento a una sentencia de 2023.
Aquella sentencia dice que «la justicia ordinaria no puede interferir en las labores de fiscalización cuando se trata de juicios políticos».
F:PRIMICIAS.
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