El comandante de la institución, Víctor Hugo Zárate, señaló que con el Ministerio del Interior han trabajado en un nuevo Código Orgánico.
El caso más reciente de policías que estarían involucrados en delitos se conoció el jueves 22 de agosto, pero el hecho como tal ocurrió el lunes 19. Ese día en el parque industrial California, del distrito Pascuales, norte de Guayaquil, se produjo el secuestro de una familia (padre, madre e hija).
Ellos se movilizaban en su vehículo, pero fueron interceptados por varios antisociales a bordo de cuatro motos similares a las que usa la Policía Nacional, que simularon un operativo y con engaño se llevaron a madre e hija para después enviar mensajes extorsivos al padre, a quien dejaron abandonado por Socio Vivienda.
Posteriormente, uniformados ejecutaron cuatro allanamientos en el distrito Nueva Prosperina, noroeste de la ciudad, donde en el bloque 6 de Flor de Bastión localizaron y liberaron a la madre e hija secuestradas.
Producto de las intervenciones se detuvo a siete personas, entre ellas, tres servidores policiales identificados como Andrés M., de 24 años, subteniente y con dos años de servicio; Gabriel M., de 36 años, cabo segundo y con ocho años de servicio (con antecedentes por evasión o fuga de un detenido); y Christian O., de 31 años, cabo segundo con ocho años de servicio.
Un juez les dictó prisión preventiva a los funcionarios policiales que laboraban en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de El Fortín, en el noroeste de Guayaquil.
Y dijo que hasta esa fecha en el 2024 hubo 381 servidores policiales sumariados y dados de baja por inconductas y delitos.
Zárate refirió que el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop) “genera unos vacíos”, ya que para dar de baja o sancionar administrativamente a un servidor policial por delito o inconducta el proceso se demora 50 días.
Por eso, dijo, la Policía y el Ministerio del Interior han trabajado en el Código Orgánico de Policía para “recuperar la disciplina” de los uniformados.
“Esperamos que tengamos la acogida respectiva en la Asamblea (nacional) para ajustar la ley que requiere Policía Nacional. Entendemos, estamos reforzando, tenemos áreas críticas, las amenazas que se presentan hoy no son las amenazas de ayer. Hoy tenemos grupos armados, estamos enfrentando fusiles en la calle ”, comentó el funcionario.
Zárate mencionó que uno de los “nudos críticos” que tienen como Policía no está en el campo de la institución, pues “lo mismo que se ventila afuera con las acciones de protección que presentan, y auspiciados por buenos y malos jueces han regresado (uniformados) a las filas policiales, incluso algunos al mismo cargo”.
Por eso, dijo, es fundamental contar con una ley fuerte y firme que no permita el reingreso a los agentes que han incurrido en faltas graves. “Y en eso estamos trabajando”, remarcó el jefe policial.
En el marco del conflicto armado interno han sido varios los casos en los que se ha vinculado a policías activos con las bandas delictivas consideradas por el Gobierno como grupos terroristas.
El Coescop es una normativa vigente desde el 2017 que se incorporó a nivel de Ley Orgánica para regular la actividad disciplinaria y administrativa de la entidad policial. Contiene 66 tipos de faltas (leves, graves y muy graves).
“Desde ese punto de vista yo consideraría que crear otra norma que tenga el nombre de Policía, más allá del eufemismo, no generaría ningún cambio radical por así decirlo, entonces, considero que si el comandante cree que el proceso disciplinario está demorado o que el hecho de que un servidor policial esté inmerso en un delito no es suficiente justificativo para una sanción, una destitución, se pueden aplicar las reformas que sean necesarias”, expresó Gabriel Vanegas, abogado y docente de la Universidad de Guayaquil.
Él es partidario de que la Asamblea Nacional aplique las reformas pertinentes para subsanar o agilizar los procesos observados por el comandante de la Policía. “Creo que sería mucho más óptimo que la configuración de una nueva ley”, afirmó el jurista.
Julio Arévalo, abogado en el libre ejercicio, coincide en que la salida no es que se cree una nueva ley, sino que los administradores de justicia hagan cumplir las que ya existen.
“Aquí se deberían practicar más bien las pruebas de confianza, establecer bien que estas personas (policías) no pertenezcan a estos grupos de delincuencia organizada, es la única forma”, refirió él.
F: EL UNIVERSO
