La Fiscalía de Venezuela llamó por tercera ocasión al abanderado de la oposición, Edmundo González Urrutia. Alega que hay riesgo de fuga y de ‘obstaculización’ de las investigaciones.
La Fiscalía de Venezuela hizo pública una tercera citación al principal candidato opositor en las elecciones presidenciales de julio, Edmundo González Urrutia, para que acuda a la sede del Ministerio Público este 30 de agosto de 2024, con un documento en el que por primera vez pone negro sobre blanco que se arriesga a una orden de arresto.
La Fiscalía, que ya le había convocado en vano en otras dos ocasiones esta misma semana, quiere que explique su presunta implicación en delitos de usurpación de funciones, falsificación de documentos, instigación a la desobediencia, delito informático, asociación para delinquir y conspiración, todos ellos relacionados con la difusión en Internet de datos que acreditarían la victoria de González en los comicios.
De no acudir, ha advertido la Fiscalía, las autoridades entenderán que hay «peligro de fuga» y «peligro de obstaculización» de las investigaciones, por lo que las autoridades ordenarán su arresto, un extremo que no figuraba en los otros dos documentos previos relativos a citaciones.
Falta de garantías
Ya el miércoles, el fiscal general, Tarek William Saab, adelantó que en caso de que González no acuda, «el Ministerio Público anunciará la acción correspondiente que haya lugar en base a la ley». El dirigente opositor justificó sus dos ausencias previas por la falta de garantías de las autoridades chavistas, por lo que salvo sorpresa mantendrá la misma línea.
González, que ha reclamado la publicación de las actas oficiales de los comicios del 28 de julio, permanece en paradero desconocido y lleva semanas sin comparecer en público. Su aliada María Corina Machado sí acudió el miércoles a una marcha convocada por la oposición para condenar el «fraude» electoral, un mes después de los comicios.
La investigación en contra de González Urrutia guarda relación con la publicación de una página web, en la que el antichavismo asegura haber cargado «el 83,5% de las actas electorales» recabadas por testigos y miembros de mesa la noche de la elección, para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales del 28 de julio, según la Fiscalía. EUROPA PRESS/EFE
F: La Hora.
