Las críticas internacionales han surgido en respuesta al plan de expulsiones de inmigrantes irregulares aprobado por el parlamento británico, calificado como «histórico» por el primer ministro conservador, Rishi Sunak.
La ONU ha instado a reconsiderar el plan, argumentando que establece un precedente peligroso y que se deben tomar medidas basadas en la cooperación internacional y el respeto de los derechos humanos.
Las asociaciones de defensa de los derechos humanos también han expresado su oposición a la ley. Sacha Deshmukh, de Amnistía Internacional en Reino Unido, la describió como una «vergüenza nacional» que manchará la reputación moral del país.
El proyecto de ley aprobado por el parlamento británico permite la expulsión de solicitantes de asilo que entren ilegalmente al país africano de Ruanda, situado a 7.000 km de distancia. A pesar de las críticas, el gobierno planea implementar el plan en unas 10 a 12 semanas.
Las reacciones negativas a nivel mundial podrían desencadenar nuevos desafíos legales, ya que la implementación del plan ha sido obstaculizada desde que se propuso en mayo de 2022. La nueva versión de la ley, considerada «histórica» por el gobierno británico, busca enviar un mensaje claro de que los que lleguen de manera irregular no podrán quedarse.
Mientras tanto, Ruanda ha expresado su satisfacción con la adopción del texto, señalando que están listos para recibir a las personas reubicadas. Sin embargo, grupos de derechos humanos han cuestionado la estabilidad del país africano bajo el liderazgo del presidente Paul Kagame, alegando un clima de miedo y represión.
El gobierno británico, que busca detener el flujo de migrantes, confía en que esta política disuada a los futuros aspirantes y fortalezca su posición electoral, ya que actualmente están en desventaja frente a los laboristas tras catorce años en el poder.
F: El Universo
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