La jueza María Fernanda Castro, de la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción y Crimen Organizado, de Quito, dio paso al pedido de caución solicitado por Francisco Sebastián B. A., hijo de la vicepresidenta Verónica Abad procesado por el delito de oferta de tráfico de influencias, por lo que para dejar la cárcel de máxima seguridad la Roca, ubicada en Guayaquil, en la que está desde el 23 de marzo pasado, deberá pagar $ 20.000.
“Se acepta la caución la misma que se fija en el valor de $ 20.000. Este cálculo se ha realizado en virtud de las circunstancias personales del procesado, una vez que se ha verificado cual es el sueldo en el mecanizado del IESS, así también en la formación académica que tiene”, explica en su resolución la jueza anticorrupción.
Francisco Sebastián B. A. fue detenido en la mañana del jueves 22 de marzo último en su oficina de abogados localizada en el Centro Histórico de Cuenca. En esa ciudad, la Policía y la Fiscalía realizaron otro allanamiento, al igual que en Quito, todo bajo el caso al que se le denomina Nene. Al día siguiente fue remitido hasta La Roca, pues se le ordenó prisión preventiva, luego de que el fiscal Leonardo Alarcón, de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, le formuló cargos como autor directo del delito de oferta de tráfico de influencias.
El artículo 543 del Código Orgánico Integral Penal, que habla del objeto y clasificación de la caución, explica que la misma se dispondrá para garantizar la presencia de la persona procesada y suspenderá los efectos de la prisión preventiva. La caución podrá consistir en dinero, póliza, fianza, prenda, hipoteca o carta de garantía otorgada por una institución financiera. La persona procesada podrá rendir caución con su dinero o bienes o con los de un garante.
El objetivo de la caución planteada por la defensa del abogado de 28 años era dejar La Roca y en su lugar que se le defina el pago de una cantidad específica y el cumplimiento de medidas alternativas a la privación de la libertad.
El abogado de 28 años de edad es hasta el momento el único investigado por el ofrecimiento de un cargo público en la Vicepresidencia de la República y por ello intentar cobrar un porcentaje del sueldo que iba a recibir la supuesta víctima durante un año. La alerta del ilícito la habría dado la presunta víctima, Romel P., mediante una denuncia colocada en el buzón de denuncias de la Fiscalía.
F: EL UNIVERSO
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