Los políticos latinoamericanos buscan refugio en embajadas de países afines ideológicamente para protegerse de acusaciones por delitos contra la administración.
Algunas acusaciones tienen motivaciones políticas, lo que lleva a la concesión de asilo diplomático, mientras que otras se refieren a investigaciones o acusaciones por delitos comunes.
Un caso notable ocurrió en 2018, implicando a Perú y Uruguay en relación con el expresidente Alan García. García, quien ocupó la Presidencia en dos ocasiones entre 1985 y 1990, y nuevamente entre 2006 y 2011, se enfrentó a una investigación durante su segundo mandato que eventualmente condujo a su detención provisional.
En 2013, se intentó formar una comisión para investigar irregularidades en su gobierno, pero se presentó una acción judicial por supuesta violación del debido proceso. Posteriormente, el escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht implicó a varios gobiernos, incluido el de García, quien fue acusado de recibir millones de dólares en sobornos. García negó estas acusaciones.
Aunque se emitió una orden de impedimento de salida del país en relación con el caso de la Línea 1 del Metro de Lima, García buscó refugio en la embajada de Uruguay en Perú.
Sin embargo, tras dos semanas, Uruguay denegó su solicitud de asilo, argumentando que los tres poderes del Estado funcionaban de manera autónoma y libre, y que no podían otorgar asilo a personas inculpadas o procesadas por delitos comunes ante tribunales ordinarios.
En 2019, después de emitirse una orden de detención preliminar, García se suicidó antes de ser detenido, lo que causó conmoción en Perú.
F: El Universo
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