La Constitución establece aumentos del 0,5 % del PIB para Educación y del 0,5 % para Salud, lo que ha generado desafíos para el Gobierno este año. Para cumplir con esto, se ha asignado un incremento especial bajo el rubro de «Bienes de larga duración».
Este rubro en la proforma presupuestaria ha aumentado significativamente de $584,57 millones en 2023 a $3.340 millones en 2024, un aumento del 471,5 %. Además, el Gobierno ha emitido un decreto ejecutivo que permite financiar estos gastos con ingresos no permanentes en 2024 y 2025.
El Ministerio de Economía y Finanzas ha explicado que este rubro incluye el aumento para educación y salud según lo dispuesto en la Constitución, optando por esta categoría para un mejor control de la asignación incremental.
Además, el Ministerio de Economía y Finanzas aseguró que esta asignación corresponde al cumplimiento de la Constitución y de la ley, sumando un total de $2.814 millones adicionales.
Sin embargo, según Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), estos $2.800 millones en gastos para bienes de larga duración relacionados directamente con educación y salud no tienen una garantía de ser cumplidos. Para Carrera, esto evidencia el uso de criterios arbitrarios y un aparente cumplimiento de los aumentos constitucionales para educación y salud, aunque en realidad esta norma resulta inejecutable. A lo largo de los años, desde 2008, este incremento no se ha completado y, en ocasiones, al final del año se ejecuta menos, o si se llegara a ejecutar la totalidad, no representaría ningún aumento del PIB.
Para el ministerio es muy importante cumplir con los preceptos constitucionales y dar los recursos necesarios para educación y salud: “El único problema es que no cuenta con un financiamiento”, explica Núñez. Este rubro aumenta la rigidez del presupuesto. Adicionalmente, el incremento es una obligación sin considerar el escaso crecimiento de la economía del país, que este año está calculada en apenas 0,8%.
Temas como este y otras críticas hicieron que ni la Comisión de Régimen Económico que estaba tratando la propuesta no la haya podido aprobar. En los próximos días está previsto que la Comisión entregue un informe de posturas sobre la proforma que será tratada en el pleno. Si no existieran los votos para la aprobación, la proforma entraría por el ministerio de la ley, exactamente 30 días después de su presentación, es decir el 21 de marzo.
Pese a las complicaciones de liquidez, el Gobierno ha logrado calmar a los mercados y bajar el indicador de riesgo país que hasta el 4 de marzo se encontraba en 1.321 puntos, unos 700 puntos menos que los registrados en diciembre y enero cuando el score había superado los 2.000 puntos.
F: El Universo
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