El 31 de mayo de 2023, el Primer Mandatario emitió el decreto ejecutivo 754 que permitía ejecutar el proceso de consulta ambiental en comunidades, sobre proyectos de extracción de recursos y obras con impacto en el medio ambiente.
Sin embargo, el 1 de agosto de 2023, ante una demanda presentada por la Conaie, la Corte Constitucional suspendió, de forma provisional, el Decreto para realizar consultas ambientales sobre actividades extractivas. Ante este panorama, Jarab emitió un comunicado, a través de la página web de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
El diplomático señaló la preocupación por el alcance de la reforma al reglamento del Código del Ambiente, ya que “se aleja de las normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos“. Según este análisis, el decreto de Lasso tiende a asimilar la figura de la consulta ambiental con el deber de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. Por ello, “hacemos presente que esta consulta ambiental no puede reemplazar ni suprimir el derecho-deber contemplado en el Convenio 169 de la OIT”.
Además, el comentario marca alerta que el decreto podría limitar el derecho a una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, con información suficiente y oportuna.
F: Primicias.
