Imagen tomada de Primicias.
Un año después del crimen que estremeció a la nación, se sigue recordando el trágico suceso que tuvo lugar en uno de los dormitorios del cuarto piso del edificio de oficiales de la Escuela Superior de Policía (ESP). En la madrugada del 11 de septiembre de 2022, María Belén Bernal perdió la vida a causa de asfixia con una llave de artes marciales en este lugar, comúnmente conocido como el «Castillo de Grayskull», donde descansan los instructores de la ESP. Lo más impactante de esta historia es que uno de los instructores era Germán Cáceres, el esposo de Bernal, quien perpetró el asesinato y luego ocultó su cuerpo en el Cerro Casitagua, donde fue encontrado después de 10 angustiosos días de búsqueda.
Las circunstancias de este crimen causaron una profunda conmoción en el país. Una mujer perdió la vida a manos de un oficial e instructor de la Policía Nacional, dentro de una dependencia policial, y posteriormente su cuerpo fue removido de ese lugar y enterrado clandestinamente. Además, Cáceres logró evadir la justicia, lo que llevó a las autoridades ecuatorianas a realizar una serie de promesas a nivel judicial, político e institucional para asegurar que casos como este no se repitan.
En lo que respecta al aspecto judicial, se han logrado avances significativos en el caso de María Belén Bernal. El 26 de mayo de 2023, Germán Cáceres fue condenado a una pena de 34 años y ocho meses de prisión, que está cumpliendo en la Cárcel 4 de Quito. Tras cometer el asesinato y escapar, Cáceres huyó a Colombia con una identidad falsa y se refugió en el pueblo de Palomino, cerca de la frontera con Venezuela. Sin embargo, el 30 de diciembre de 2022, fue capturado por agentes colombianos y estadounidenses, en una operación coordinada con la Policía de Ecuador. Inicialmente, fue recluido en la Cárcel de Máxima Seguridad La Roca, en Guayaquil, pero debido a un motín que cobró vidas de otros reclusos, fue transferido a una prisión en la capital.
Durante el proceso penal, tanto la Fiscalía como Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, solicitaron la máxima pena para Cáceres, solicitud que fue concedida por el Tribunal Penal. Además, se dictaron varias medidas de reparación integral que aún están pendientes de cumplimiento. Estas incluyen el pago de una multa de USD 450.000 y una indemnización de USD 234.600 a la familia de la abogada asesinada. También se estableció que la Escuela de Policía debe crear la Medalla María Belén Bernal, que se otorgará a la cadete mujer mejor graduada de cada promoción, aunque esta decisión aún no está en firme debido a una apelación presentada por la familia de Bernal.
La familia de Bernal argumenta que Alfonso Camacho, subteniente de la Policía que estaba de guardia en la ESP la madrugada del asesinato, debería ser considerado culpable por omisión, ya que se sospecha que pudo haber escuchado los gritos de auxilio de Bernal pero no informó ni intervino en los hechos. Sin embargo, el tribunal ratificó su inocencia.
Joselyn Sánchez, una cadete que se decía que tenía una relación sentimental con Cáceres y que inicialmente afirmó haber escuchado parte del crimen, fue sobreseída antes del juicio tras retractarse de su declaración.
Este caso ha dejado una profunda huella en la sociedad ecuatoriana y ha impulsado la búsqueda de justicia y la prevención de futuras tragedias similares.
