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Luego de transcurridos nueve días desde que el Gobierno encabezado por Guillermo Lasso anunció la extensión del contrato con la operadora móvil Conecel, operadora de la marca Claro en el país, las conversaciones para la firma de un nuevo contrato siguen sin iniciar. El Gobierno aún no ha compartido el cronograma previsto para esta renegociación, a pesar de que se ha adelantado que este proceso puede abarcar aproximadamente seis meses. Sin embargo, dado que el mandato de Lasso podría culminar en diciembre de 2023, es decir, en tan solo cuatro meses, las negociaciones con Conecel podrían quedar a cargo del siguiente gobierno.
Para el Global System for Mobile Communications (GSMA), una organización a nivel mundial que agrupa a más de 1.000 empresas móviles y otros actores del sector, es crucial que el Gobierno defina el plan de acción posterior a la prórroga. Según la entidad, «el sector privado necesita estabilidad y certeza legal para continuar invirtiendo en beneficio de la conectividad de los ciudadanos ecuatorianos».
El 22 de agosto de 2023, cuando el Gobierno anunció la extensión del contrato con Conecel, la Ministra de Telecomunicaciones, Vianna Maino, explicó que esta prórroga implicaba mantener las mismas condiciones del contrato con Claro. Además, como parte de esta extensión, la operadora realizará pagos mensuales prorrateados hasta que se firme el nuevo acuerdo. La prórroga oficialmente comenzó el 27 de agosto de 2023, y el primer pago, por un total de USD 3,37 millones, está programado para septiembre.
GSMA también instó al Gobierno ecuatoriano a llevar a cabo otras dos acciones fundamentales para garantizar la seguridad jurídica en el sector y fomentar las inversiones:
- Compartir los estudios técnicos que respaldan la valoración de los precios de las renovaciones.
- Establecer el valor de las concesiones siguiendo las mejores prácticas internacionales y los parámetros estipulados en la legislación vigente.
