Un informe de la Procuraduría, al que PRIMICIAS tuvo acceso, asegura que el proceso de delegación de los contratos de radares de velocidad no requería de aprobación de la Secretaría de Inversión Público-Privada.
La denuncia sobre los radares de velocidad contratados por la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) volvió a la luz, después de meses de silencio de parte del Gobierno. La razón: un informe de la Procuraduría que evalúa el proceso de delegación, firmado en 2023, durante el mandato de Guillermo Lasso.
Dicho informe es la base para que las autoridades del sector Transporte hayan revivido su denuncia. Este 3 de septiembre de 2024, durante un evento con transportistas, el ministro Roberto Luque aseguró que están «trabajando intensamente para solucionar el tema de los radares».
Y anunció que van a «exponer, en las siguientes semanas, cómo, con artimañas legales, los consorcios que cobran estas multas hacen extorsión».
Los contratos de los radares denunciados por el Gobierno siguen en vigencia
Sin embargo, el informe de la Procuraduría es un revés para el Gobierno. El documento, al que PRIMICIAS tuvo acceso, ratifica que el proceso de delegación fue correcto y que no debía haberse solicitado la aprobación de la Secretaría de Inversiones Público-Privadas.
Este punto fue uno de los que la Secretaría de Integridad Pública denunció en junio de 2024. Ese día, la institución dijo que el contrato de delegación debía contar con el visto bueno de la Secretaría de Inversiones, pero «este organismo nunca fue informado sobre el proceso».
Mientras tanto, los contratos seguían vigentes hasta mediados de agosto, según los consorcios Ecutransit y Seviecu, como publicó PRIMICIAS. Ambas asociaciones respondieron que a pesar de tener radares trabajando durante varios meses, no recibieron ningún pago del porcentaje que les correspondía de multas y ni siquiera han recibido una notificación formal de la CTE con la suspensión del contrato.
El informe de la Procuraduría
Como parte de la denuncia de la Secretaría de Integridad Pública, su titular, Julio José Neira, anunció que pidió a la Procuraduría un control de legalidad a la firma de los dos contratos de delegación. Aunque la petición concreta provino desde la misma CTE. Y la respuesta llegó este 29 de agosto de 2024
El informe, firmado por el subprocurador Rodrigo Constantine, analiza dentro de las competencias de la Procuraduría el proceso de delegación y concluye que «no era necesario un informe de la Secretaría de Inversiones Público-Privadas, la cual, hasta la fecha, ni siquiera tiene definida toda la metodología para sujetarse a dicho proceso».
Además, especifica que el servicio de los radares de velocidad no está dentro de los servicios públicos definidos en la Constitución y la Ley (suministro de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos y actividades de saneamiento ambiental). «Por lo cual, no era necesario un Decreto Ejecutivo de excepcionalidad según lo mencionado».
Aun así, Neira considera que el informe es positivo para el Gobierno, según dijo en una entrevista en Radio City el pasado viernes 30 de agosto. Argumentó que dicho informe «valida muchas de las irregularidades» que habían identificado en la Secretaría.
Los contratos de los radares denunciados por el Gobierno siguen en vigencia
Según explicó Neira, el informe señala que «los recursos debían haberse destinado a proyectos de seguridad, lo cual no hay evidencia alguna». Sin embargo, el informe de la Procuraduría no hace ninguna revisión del destino de los recursos pues esta institución no tiene la facultad de revisar temas técnicos ni financieros; por el contrario, delega esta revisión a la Contraloría, que está haciendo un examen especial al contrato.
Neira además señaló que el informe dice que debía haber un proceso de reinversión cuando haya participación de los gobiernos autónomos. Sin embargo, nuevamente, este tema no está incluido en el informe de la Procuraduría.
Lo que el documento dice sobre este punto es que, si hubiera lugares en los que la CTE planeaba poner radares que son competencia de los GAD, debía haber dicha reinversión. Pero de la revisión que hizo la Procuraduría, «se evidencia que los dispositivos no se ubicarían en jurisdicción de los GAD».
Y nuevamente, la Procuraduría establece que quien debe revisar en dónde se ubicaron los radares es la Contraloría.
Según los contratos de delegación, como publicó PRIMICIAS, los lugares en los que los consorcios debían instalar los radares debían ser señalados por la CTE, con autorización del Ministerio de Transporte. Los consorcios aseguran que se instalaron pocos radares porque la CTE demoró en obtener los permisos del Ministerio de Transporte.
El único tema en el que la Procuraduría advierte de una posible irregularidad es en una fase del proceso de contratación: «se verifica que quien negoció con los oferentes fue el Director Ejecutivo de la CTE, inobservando lo determinado en Manual de procedimiento» y en las bases del concurso público.
«Aquí es donde existe el conflicto de interés. Sabíamos que los gobiernos anteriores permitieron que esto pasara»
José Julio Neira, secretario de Integridad Pública
El examen de la Contraloría
La Secretaría de Integridad Pública no ha presentado ninguna denuncia en la Fiscalía por el caso de los radares, a pesar de los señalamientos. Neira explicó en la entrevista que esto es porque la Contraloría, en su examen especial, deberá determinar si hubo irregularidades.
«Estoy seguro que no son sólo funcionarios de la CTE sino que también hubieron (sic) otros personajes que también trabajaban en el sector público y privado que manipularon este proceso para beneficiar a estos dos consorcios de radares», sostuvo Neira.
La Contraloría ya inició el examen especial «a las fases preparatoria, precontractual, contractual, ejecución, liquidación, pago, registro, uso y destino de los procesos de contratación de concurso público CTE-0001-2021 y CP-CTE-001-2023».
El contralor Mauricio Torres dijo en días pasados que este es uno de los temas a los que la Contraloría le está dando prioridad.
Sin embargo, los radares siguen funcionando, según reveló el ministro Luque, como método preventivo mas no para imponer sanciones.
F:PRIMICIAS
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