Aunque provincias como Guayas o Esmeraldas registran una disminución de muertes violentas debido a la militarización, especialistas señalan que lo que se ha logrado es que la violencia migre. Conozca a dónde se trasladaron los homicidios.
La lucha contra la delincuencia organizada ha provocado que provincias como Guayas o Esmeraldas, que por años han tenido altos niveles de criminalidad, sean intervenidas y militarizadas, mientras que otras como Orellana y Tungurahua sean ahora los nuevos epicentros de las muertes violentas.
Los datos publicados por el Ministerio del Interior confirman que, en lo que va de 2024 las muertes violentas han presentado una reducción del 22% en Guayas, en comparación al mismo periodo de 2023.
Sin embargo, “la violencia y criminalidad migran”, aclaró Rodolfo Pineda, máster en Seguridad Pública, quien critica la eficiencia de la militarización como medida a largo plazo.
“Lo que hacen las autoridades es decirnos que las provincias que siempre fueron víctimas de la criminalidad hoy son lugares con contención, pero no dicen nada sobre cómo espacios que no tenían estos problemas hoy los experimentan. Ese es el indicador de que el plan no es nada más que una medida parche”.
La académica y doctora especializada en seguridad, Lorena Piedra, conversó en exclusiva con LA HORA sobre el impacto real de que las Fuerzas Armadas estén tanto en las cárceles como en las calles.
Agregó que hay “un costo de transacción” donde los grupos de delincuencia organizada vacunan, amenazan o financian a determinados grupos. A esto están expuestos los militares que actualmente están en más contacto con el crimen y la ciudadanía.
¿A qué provincias se han trasladado las muertes violentas?
La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Unodc) señala que un parámetro que sirve para medir los niveles de violencia de un territorio es la tasa de muertes violentas.
Si bien los datos del Gobierno señalan que entre enero y agosto de 2024 existió una disminución del 19% en las muertes violentas, con respecto a 2023; es necesario “entender cuál es el costo de dicha disminución. El costo es la contaminación de otras provincias”, explicó Pineda.
Un ejemplo de esto es Orellana, la provincia que actualmente presenta el mayor incremento de muertes violentas. La provincia amazónica suma 69 homicidios, este 2024, en comparación a las 25 que hubo en 2023. Esto quiere decir que ha existido un aumento del 176%.
Otra provincia donde la tranquilidad va cesando es Tungurahua, donde la variación de muertes violentas entre 2023 y 2024 es de 14 a 25, respectivamente. Esto quiere decir que hubo un aumento de 79%.
Azuay, Cañar, Napo, Bolívar y Sucumbíos se suman a las provincias donde las muertes violentas han aumentado este 2024.
Únicamente Galápagos no registra muertes violentas. Aunque sí ha experimentado un aumento de incautaciones de droga.
La Amazonía está sumida en la violencia pese a la militarización
Las provincias de Orellana y Sucumbíos son las más afectadas por la violencia generada por los Choneros –que operan hace casi dos décadas– y los Comandos de la Frontera– un grupo armado colombiano (guerrilla).
Desde 2022, los grupos de inteligencia también han detectado la llegada del grupo los Lobos, cuyo modus operandi es generar matanzas para imponerse en un territorio. “Lo están haciendo en Manabí y lo replican en la Amazonía. Todo, motivado por tener el control que ha sido de los Choneros”, señala una fuente policial.
¿Qué vuelve atractiva a la Amazonía para los grupos de delincuencia organizada?
El principal atractivo para los grupos delictivos que se infiltran en la Amazonía es la minería ilegal.
En 2022, la Policía incautó más de 100 retroexcavadoras y es justamente en el río Jatunyacu, en Napo, donde más operativos han existido y donde la violencia está en aumento.
Insight crime detalla que los Comandos de la Frontera están involucrados en toda la cadena del narcotráfico en las zonas donde tienen presencia.
Este grupo controla zonas cocaleras, intimidando a los cultivadores para monopolizar la compra de pasta base. También tiene cristalizaderos donde la procesa. Adicionalmente, se encargan del traslado de cargamentos de cocaína y marihuana que pasan por los ríos Putumayo y San Miguel en su tránsito hacia puntos de salida en Ecuador y Brasil.
Piedra señaló que Ecuador requiere una ley específica de inteligencia que permita que haya una seguridad preventiva mediante mecanismos de control horizontales y verticales. “Desde la aprobación de la ley de Seguridad Pública y del Estado, no tenemos eso (Ley de Inteligencia), esto dejó la puerta abierta a la serie de ilegalidades y discrecionalidades que tuvieron lugar en la Secretaría Nacional de Inteligencia que se dedicó a servir a los propósitos de una persona: Rafael Correa Delgado”, dijo Pierda y destacó que se utilizó la inteligencia de seguridad para “perseguir, acosar y no a lo que debía hacer; que era cuidar la seguridad del Estado, la seguridad pública y prevenir la penetración de estructuras de delincuencia”
F: La Hora.
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