En el país siempre hubo pillería, pero no tan visible y descaradamente. Pero en la actualidad las leguleyadas son maniobras o recursos fraudulentos, ejecutados con más técnica y con apariencia de legalidad.
Es exactamente que en estos tiempos están acostumbrados con más frecuencia los mercenarios del derecho, a través de medidas cautelares, habeas corpus y habeas data, entre otros. Es decir, que, si nos damos cuenta, que los pseudopolíticos corruptos y el narcotráfico, han permitido que, en distintos lugares del país, persistan entornos favorables a las economías criminales, que han encontrado a corruptos judiciales un vínculo de operaciones muy rentable.
En la actualidad se ha tenido la oportunidad de evidenciar que no es una casualidad, en especial con los casos Metástasis y Purga, que son indicativos claros y comprobados, donde están involucrados jueces, fiscales, políticos, abogados, que están investigados por delincuencia organizada. Unos están presos, otros con órdenes de captura, otros, prófugos.
Con toda seguridad sí hay funcionarios que respetar, por ello, es complicado la generalización, por eso las investigaciones deben ser profundas y su aplicación debe ser de ley, justa y total, y no al servicio de intereses políticos, de la delincuencia, ni del narcotráfico.
El país exige que quienes han cometido algún delito y se han prestado conscientemente para fines ruines sean sancionados drásticamente, sin medidas que favorezcan a los inmorales, que no tuvieron pudor ni respeto por sus funciones públicas.
Por otra parte, hay que implementar reformas para fortalecer la transparencia en la selección de jueces, especialmente en el área penal.
En la actualidad hay jueces en todas las modalidades jurídicas que deben ser capaces de conocer sobre las vulneraciones al derecho, sin embargo, hemos visto que esto ha sido un fracaso en su aplicación. Para esto debe haber una justicia especializada, así tendremos mejores sentencias constitucionales.
Cualquier juez, de primer nivel y de cualquier área, debe conocer y conceder garantías jurisdiccionales. Por estas razones, el presidente plantea cambios, que existan jueces constitucionales especializados, que está entre las preguntas de la consulta popular.
Los ecuatorianos esperamos investigaciones honestas, apegadas al derecho, para poder transitar por medio de la dignidad; con una verdadera purga de funcionarios judiciales negativos se empezará a cambiar el presente para lograr un mejor futuro.
F: EL UNIVERSO
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