Imagen tomada del Municipio de Guayaquil.
La criminalidad, el narcotráfico y las amenazas a estudiantes se han convertido en problemas arraigados en las escuelas y colegios de Guayaquil y Durán. Ante esta situación, los padres de familia han solicitado un retorno a la educación virtual, una solicitud que las autoridades han aceptado de manera parcial y temporal. Solo seis de las escuelas ubicadas en los puntos más conflictivos de Guayaquil, como Monte Sinaí, y otras seis en Durán, un cantón de Guayas con un alto índice de homicidios, adoptarán clases virtuales.
En este contexto, cabe mencionar que en ambas ciudades se implementó a principios de este año el programa «Escuelas Seguras» en teoría, con el objetivo de proteger a unos 37 planteles y resguardar a los estudiantes de la influencia de bandas criminales. Según Billy Navarrete, director del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, el proyecto no ha cumplido ninguno de sus objetivos y ha fallado en la protección de los menores de edad. De acuerdo con los docentes, «la guerra de las drogas no se limita a los exteriores de las escuelas, sino que se ha infiltrado en las aulas». Es dentro de las escuelas en las comunidades más desfavorecidas donde los líderes de las bandas reclutan a niños y adolescentes.
El programa «Escuelas Seguras» se caracteriza por la falta de voluntad política por parte del Gobierno, quedando como un anuncio que se traduce en la presencia ocasional y temporal de agentes de la Policía en las entradas de las instituciones educativas. Sin embargo, el proyecto deja sin abordar una serie de necesidades, como el deterioro de la infraestructura escolar y la convivencia en la comunidad educativa en Guayaquil y otras áreas.
A principios de 2023, cuando se puso en marcha el plan, se estableció una mesa de gobernanza con representantes del Ministerio del Interior y de las coordinaciones zonales de Educación. En esta instancia, se solicitó un mayor compromiso desde la toma de decisiones en Quito. Sin embargo, el plan no ha contado con un respaldo efectivo por parte de las autoridades de la capital, lo que se evidencia en cuestiones prácticas, como la solicitud de mantener las escuelas abiertas durante la temporada de vacaciones en la Costa, con el fin de servir como lugares de encuentro entre la Academia y la sociedad civil.
