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Imagen tomada de Primicias.

Si consideramos a Nueva Prosperina, ubicada al noroeste de Guayaquil, como una ciudad independiente, esta se posicionaría como la quinta urbe más poblada de Ecuador y estaría destacada en la clasificación mundial. Actualmente, este distrito ya figura entre los cinco lugares con mayores índices de violencia en el mundo cuando se compara con ciudades que registran las tasas más elevadas de homicidios. Hasta el 31 de agosto de este año, se han registrado 456 muertes violentas en la zona de Nueva Prosperina, lo que representa una tasa de 125.62 homicidios por cada 100,000 habitantes. Estos niveles de violencia solo encuentran paralelo en las cinco localidades con mayor número de homicidios en relación con su población, todas ubicadas en México y las únicas con tasas de homicidios de tres dígitos.

Con una población de 363,000 habitantes, Nueva Prosperina se encuentra en un nivel comparable al de las cuatro ciudades principales en el Ranking 2022 de las 50 ciudades más violentas del mundo. Todas estas ciudades tienen más de 300,000 habitantes y no están involucradas en conflictos bélicos activos. En el Ranking 2022 del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Colima ocupa el primer lugar con una tasa de 181.94 homicidios por cada 100,000 habitantes.

El teniente coronel Roberto Santamaría, jefe de Policía de Nueva Prosperina, advierte que el distrito podría terminar el año con una tasa de homicidios de 171 por cada 100,000 habitantes, lo que lo ubicaría como el tercer lugar más violento del mundo. Estas estadísticas son motivo de gran preocupación, ya que Nueva Prosperina es más grande que las tres ciudades más violentas del mundo y su población es comparable con la cuarta en la lista.

Lo que hoy conocemos como Nueva Prosperina surgió a partir de asentamientos ilegales al oeste de la vía Perimetral, en extensas llanuras y colinas, en áreas de bosque seco que carecían de control estatal. Durante décadas, Guayaquil consideró estos territorios como extensiones de la ciudad que nadie quería asumir. El crecimiento de los asentamientos irregulares continuó mientras el Gobierno Nacional y el Municipio de Guayaquil debatían durante años sobre quién tenía la competencia (o no) para intervenir en esta área.

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