Imagen tomada de Primicias.
Si la Corte Constitucional no aprueba el decreto ley de urgencia económica para el impuesto redimible de las botellas plásticas, los beneficios para los recicladores podrían quedar en la cuerda floja. El Impuesto Redimible de las botellas plásticas fue establecido mediante la Ley de Fomento Ambiental en 2011 y otorga a los recicladores un reembolso de USD 0,02 por cada botella plástica recuperada. Sin embargo, en enero de 2022, la Corte Constitucional declaró inconstitucional este artículo debido a problemas fundamentales y estableció que el impuesto estaría en vigor solo hasta el 31 de diciembre de 2023. Se indicó que en ese plazo el Ejecutivo debía presentar un nuevo proyecto de ley ante la Asamblea Nacional.
El decreto ley, firmado por el Presidente Guillermo Lasso el 18 de agosto de 2023, tiene como objetivo asegurar que los recicladores continúen recibiendo el reembolso de USD 0,02 por cada botella plástica recuperada.
El Ejecutivo ha defendido este decreto ley ante la Corte Constitucional, argumentando que su aprobación es de urgencia económica debido a que afectaría a 25.000 recicladores, quienes perderían sus beneficios si no se garantiza la continuidad de esta actividad. Un 64% de estos recicladores se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema, según datos del Ministerio de Inclusión Social presentados ante la Corte. Además, el 25% de los recicladores de la tercera edad se encuentra en una situación de doble vulnerabilidad, ya que viven en la pobreza y presentan algún tipo de discapacidad. Para el 87% de los recicladores, la recolección de botellas plásticas es su principal fuente de ingresos. Sin el incentivo tributario actual, los recicladores podrían verse imposibilitados de continuar con la recuperación de botellas plásticas.
Otro argumento clave en la defensa del decreto ley es su enfoque en la conservación del medio ambiente. Además, se destaca que no existe suficiente tiempo para que la nueva Asamblea Nacional pueda considerar y aprobar un nuevo proyecto de ley, especialmente dado que no se ha definido aún una fecha clara para su instalación. El Ejecutivo también ha señalado que la creación de los reglamentos relacionados con el decreto llevará tiempo, por lo que su aprobación por parte de la Corte Constitucional es urgente.
El Ministerio del Ambiente ha proporcionado datos que indican que en los 11 años de vigencia del Impuesto Redimible de las Botellas Plásticas se han recuperado 12.000 millones de botellas de plástico PET, lo que equivale a 530.000 toneladas de desechos. Esto ha contribuido a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, se ha calculado un ahorro anual de USD 3 millones para los gobiernos locales en la gestión de residuos, lo que suma alrededor de USD 35 millones en 11 años. La política también ha promovido una cultura de reciclaje de botellas plásticas y ha llevado a los recicladores a convertirse en proveedores clave de insumos para la industria, impulsando inversiones y procesos productivos sostenibles.
