Imagen tomada de Primicias.
El presidente Guillermo Lasso firmó el 5 de septiembre de 2023 un decreto ley que presenta medidas que podrían permitir al siguiente Gobierno realizar recortes en el Presupuesto General del Estado. Este decreto, conocido como el decreto ley para el Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas, introduce reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafyp).
Entre las medidas propuestas se encuentra la remisión de intereses por deudas relacionadas con la seguridad social y otras entidades públicas, así como ajustes metodológicos que podrían resultar en una asignación de recursos potencialmente menor para los sectores de educación y salud.
Desde que el presidente Lasso decretó la disolución de la Asamblea Nacional el 17 de mayo de 2023, ha presentado siete propuestas de decreto ley ante la Corte Constitucional. Hasta el momento, la única que ha superado el filtro de la Corte es la reforma tributaria o Ley de Fortalecimiento de la Economía Familiar, que entró en vigencia en junio de 2023.
Uno de los cambios más notables propuestos en este decreto ley es la modificación en la fórmula de cálculo para el aumento de las asignaciones destinadas a salud pública y educación básica. La fórmula actual, que establece que cada año se debe incrementar un valor equivalente al 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) a los presupuestos de educación y salud, ha generado tensiones previamente entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo durante el análisis del Presupuesto del Estado de 2023.
El nuevo decreto establece que para calcular estos incrementos se comparará la nueva asignación con el presupuesto efectivamente utilizado por las entidades hasta el final del año anterior. Esto significa que si en 2023 el sector de la salud gastó USD 3.602 millones hasta diciembre, la asignación para 2024 debería ser de USD 3.746 millones para cumplir con las disposiciones constitucionales.
Sin embargo, algunos expertos advierten que esta medida podría llevar a asignaciones menores para estos sectores prioritarios. El exministro de Finanzas Fausto Ortiz señala que si un Ministerio de Educación o Salud resulta ineficiente y no ejecuta todo su presupuesto, el incremento para el siguiente año podría ser nulo. Por otro lado, el viceministro de Finanzas, Daniel Lemus, argumenta que el cambio no implica una reducción en la asignación y asegura que se seguirá incrementando un 0,5% del PIB anualmente, aunque la Constitución establece un mínimo que se debe cumplir. En la norma vigente, el cálculo se realiza comparando el presupuesto inicial del año anterior o el presupuesto ajustado a lo largo de ese año, según cuál sea mayor.
