Imagen tomada de Primicias.
El presidente Guillermo Lasso, en una entrevista con el medio estadounidense Bloomberg, ya había anticipado su intención de presentar un decreto ley destinado a abordar las pérdidas y los impactos asociados al fenómeno de El Niño, particularmente en los sectores productivos. En consecuencia, el 5 de septiembre, el presidente Lasso emitió el decreto ley titulado «Gestión de Riesgos y Desastres», que introduce diversas modificaciones en seis leyes clave, además de establecer pautas para la actuación del Gobierno en situaciones de emergencia y desastre.
Desde la disolución de la Asamblea Nacional a través del mecanismo de la muerte cruzada, el presidente Lasso ha asumido la capacidad de gobernar mediante decretos ley. No obstante, es importante destacar que dichos decretos deben ser revisados previamente por la Corte Constitucional.
En relación al decreto ley enfocado en la gestión de riesgos asociados a El Niño, el Gobierno propone reformas específicas en las siguientes seis leyes: Ley Orgánica para el Desarrollo de la Agricultura y Pesca, Código de Comercio, Código Civil, Ley de Registro, Ley de Minería y Código Orgánico Administrativo.
El documento, que consta de ocho capítulos y dos disposiciones generales, establece procedimientos específicos para que el Ejecutivo pueda declarar situaciones de emergencia, desastre o fenómenos naturales, otorgando esta facultad exclusivamente al presidente Lasso.
El Gobierno ha advertido que la llegada del fenómeno El Niño es inminente y se espera que se presente en octubre de 2023, dos meses antes de lo inicialmente previsto. El decreto ley menciona que el El Niño experimentado en 1997 y 1998 causó 286 víctimas mortales, afectó a 30.000 personas y generó pérdidas por un valor de USD 2.800 millones. Además, se advierte que el impacto del fenómeno de este año podría ser aún más significativo.
