El Salvador cumple este lunes, 27 de marzo de 2023, un año bajo estado de excepción, aprobado con el objetivo de erradicar la violencia de las pandillas en el país y que, si bien ha ido acompañado de un drástico descenso de los homicidios, ha despertado un aluvión de críticas de potencias y organismos internacionales, que cuestionan la ausencia garantías democráticas y de Derechos Humanos de la medida.
El 27 de marzo de 2022, tras una jornada en la que se llegaron a superar los 60 homicidios, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, decretó el estado de excepción, en virtud del que se permitía un mayor despliegue policial y militar en las zonas más conflictivas del país y la detención de toda aquella persona sospechosa de pertenecer a pandillas (como Mara Salvatrucha) que tenían amedrentadas a la población.
A partir de aquel día, que Bukele ha definido como «uno de los más difíciles» de su mandato y su vida, las autoridades salvadoreñas, incluida la Policía Nacional o el propio presidente, se han afanado en trasladar una imagen de mayor seguridad, publicando casi diariamente el balance de homicidios, que ha ido en constante disminución hasta no llegar a registrarse ninguna muerte violenta en el país.
