Desde que el Gobierno declaró la existencia del conflicto armado interno, las Fuerzas Armadas comenzaron a participar en actividades de lucha contra el crimen. Las organizaciones de derechos humanos advierten sobre posibles extralimitaciones.
Ha pasado más de un año desde la desaparición de Cirilo Minota, un hombre de 35 años, en la ciudad de Quinindé, Esmeraldas. El 4 de abril de 2024, de acuerdo con la poca información que hay sobre su caso, habría sido detenido por miembros de las Fuerzas Armadas, cuando regresaba de Esmeraldas.
Minota, supuestamente, fue apresado junto con otros dos hombres. Ellos fueron golpeados y luego abandonados en otro lugar lejos de la zona de detención, de acuerdo con un informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Minota nunca más apareció y su caso ahora es parte de una investigación todavía reservada.
El informe del Comité asegura que poseen un video que muestra a hombres vestidos de militares apresando a Cirilo Minota, y obligándolo a subir a un camión militar junto a los otros dos jóvenes. Uno de los hombres, que es testigo en este caso, contó que cuando él fue liberado, Minota todavía estaba detenido y amordazado.
El caso de Cirilo Minota es una de las 35 presuntas desapariciones forzadas que la Defensoría del Pueblo ha registrado desde enero de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno. Los casos apuntan a supuestos abusos de las Fuerzas Armadas y la Policía, y están en investigación también en la Fiscalía.
En medio de la lucha contra las bandas del crimen organizado, que tomó más fuerza con la declaratoria del conflicto armado interno, las denuncias de violaciones a los derechos humanos se han disparado. Es por ello que incluso la Corte Constitucional, que se niega a aceptar la existencia de un conflicto armado interno como causal de los constantes estados de excepción que Noboa decreta, ha delegado a la Defensoría del Pueblo el monitoreo de estas presuntas vulneraciones.
Por esa razón, el 7 de marzo de 2025, la Defensoría envió a la Corte un informe para el seguimiento de tres dictámenes sobre estados de excepción decretados en 2024. Dicho informe detalla que su seguimiento y registro evidencia que hay 35 casos de presuntas desapariciones forzadas, concentradas en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Los Ríos.
En dicho informe consta el caso de Cirilo Minota. Aparecen también allí los cuatro niños de Las Malvinas, desaparecidos el 8 de diciembre de 2024 y cuyos cuerpos fueron hallados días después; en este caso, un juez ya declaró que fue una desaparición forzada. Y además el caso de Dave Loor y Juan Santillán, desaparecidos en Ventanas, Los Ríos, tras un supuesto operativo militar. Y el de Junior Valverde, desaparecido en el sector de Mata de Cacao, en Los Ríos, cuando ponía gasolina en su moto.
Todos estos casos tienen una característica en común: en todos se habla de una participación de la fuerza pública en las desapariciones, sin que haya respuestas claras de cuál es el paradero de estas personas.
El registro de las violaciones a los derechos humanos
La desaparición forzada es uno de los delitos contra la humanidad en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Tiene una característica específica, que lo diferencia de otros delitos, y es que debe ser ejecutado por agentes estatales.
Por esta razón, es complicado llevar un registro de todos los casos y se puede hablar casi con seguridad de que hay un subregistro, según confirmaron funcionarios de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) a PRIMICIAS. Denunciar abusos de la fuerza pública en medio de un discurso gubernamental de apoyo a su trabajo puede generar temor en las víctimas, explicaron.
Una primera dificultad es que, el momento en que las familias van a denunciar la desaparición de sus seres queridos, quien toma la denuncia generalmente incluye un delito amplio como desaparición involuntaria o secuestro, sin hacer constar específicamente que se trata de un caso de presunta desaparición forzada.
Alba Jalón, directora de directora del Mecanismo de Personas Desaparecidas y Victimas Documentadas por la Comisión de Verdad de la Defensoría del Pueblo, explica que ellos han realizado un monitoreo de distintas fuentes para poder determinar que hay 35 casos de presuntas desapariciones forzadas. Trabajan con sus oficinas provinciales, en monitoreo de medios de comunicación y también en coordinación con organizaciones locales de derechos humanos.
Los 35 casos que tienen en su registro han sido ya verificados con testimonios y entrevistas a los familiares, que confirman que quienes se llevaron a estas personas son miembros de la fuerza pública. «Generalmente quienes denuncian son mujeres, las esposas y las madres», señala Jalón, en entrevista con PRIMICIAS.
De estos casos, 12 están en Guayas, 16 en Los Ríos y siete en Esmeraldas. Es decir, se concentran en las provincias con mayor violencia.
35 casos de presuntas desapariciones forzadas se registran desde enero de 2024
Datos de personas desaparecidad desde el 2024
De entre todos estos casos, los que tienen registro de edad son todos menores de 35 años, y casi todos son hombres. Entre los 35 registros, hay ocho menores de 18 años.
Entre los menores desaparecidos están J. A. y J. T., de 16 y 17 años, que fueron presuntamente apresados durante un allanamiento en Ciudad Ventura, en Babahoyo. Ambos son primos, y según el reporte del CDH, los familiares explicaron que los militares les dijeron que se llevaban a los dos menores de edad «con fines investigativos», y les dijeron que tenían que acudir al Comando de la Policía Nacional de Babahoyo una hora después. Uno de ellos logró escapar, pero habría sido detenido nuevamente días después. La familia no conoce el paradero de los dos menores.
Casos con coincidencias
Las investigaciones sobre estos presuntos casos de desapariciones forzadas apuntan a que hay características en común. Por ejemplo, Jalón explica que la mayoría son casos de personas que fueron detenidas en operativos de la fuerza pública, principalmente militares, y llevados a un paradero desconocido.
Además, el CDH también identificó otros patrones en su informe:
- Ingresos no autorizados a domicilios sin orden judicial ni consentimiento.
- Operativos indiscriminados de control en vía pública, en los que ocurren las detenciones de forma aleatoria e indiscriminada.
- Amenazas y violencia contra los familiares.
Los integrantes de Inredh también consideran que hay un perfilamiento racial, es decir que existe discriminación en los operativos y allanamientos por la raza de las personas, así como por su condición socioeconómica.
También han identificado demoras en la recepción de denuncias y errores en los delitos ingresados en las denuncias ante Fiscalía. Por ello, según la Defensoría del Pueblo, en algunos casos las investigaciones estaban realizándose como secuestro o desaparición involuntaria, sin tomar en cuenta que en las denuncias ya se indicaban una posible participación de agentes estatales.
Frente a esto, explica Jalón, se está trabajando en hábeas corpus que determinen que se trata de casos de presunta desaparición forzada. En estos casos, la Defensoría del Pueblo actúa como amicus curiae.
Justamente en un operativo en la vía a Babahoyo habría sido detenido Dalton Ruiz, de 35 años. Este 2 de abril de 2025, una jueza de ese cantón aceptó parcialmente un hábeas corpus y ordenó que el Estado ecuatoriano «realice en todo el territorio nacional los actos investigativos y extienda los protocolos de búsqueda necesarios para garantizar la localización y ubicación del ciudadano Dalton Oswaldo Ruíz Tapia» y dispone que la Fiscalía lleve el caso a Quito y trabaje en «identificar a los responsables de la presunta desaparición forzada».
Según consta en el acta de la audiencia, Dalton Ruiz y dos amigos se movilizaban en un taxi el 20 de octubre de 2024, cuando un operativo policial detuvo al vehículo y los dejó ir sin problemas. Unos metros más allá, un operativo militar volvió a detener al taxi. Los dos amigos, que ahora son testigos del caso, contaron que los supuestos miembros de las Fuerzas Armadas detuvieron a Dalton Ruiz y se lo llevaron.
PRIMICIAS solicitó, el pasado 28 de marzo de 2025, al Ministerio de Defensa que informe cuáles son las medidas que la institución está tomando para prevenir posibles situaciones de vulneración a los derechos humanos en el marco de la actuación de los uniformados en los estados de excepción y el conflicto armado interno. Además, que informe cuantas investigaciones internas por estos presuntos casos se están desarrollando dentro de las FF. AA., y si es posible el resultado de dichas investigaciones. Hasta el cierre de esta nota, no hubo una respuesta.
Mientras que del lado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, PRIMICIAS solicitó una dirección de correo electrónico para enviar el pedido. Sin embargo, el encargado de comunicación se negó a entregar un correo y dijo que «ese tipo de información no es de competencia de FF. AA.».
